El Santander recurrirá su imputación en la causa sobre el Popular

Banco Santander recurrirá ante la Audiencia Nacional su imputación en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la ampliación de capital acometida en 2016. La Audiencia Nacional considera que se podría haber incurrido en diversos delitos societarios, falsedad documental y apropiación indebida.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha acordado imputar al Santander por ser la entidad que absorbió el Popular una vez decidida su resolución.

Es por ese motivo por el que el banco presidido por Ana Botín hereda la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los gestores del otro banco, que ya no existe como persona jurídica.

Mero trámite judicial

Fuentes financieras consideraron como un mero trámite que el juez traslade por sucesión al Santander, si bien confían en que la responsabilidad penal no se terminará trasladando. Además, las mismas fuentes consideran que no cabe hacer responsables al actual equipo del Banco Santander de los posibles errores de gestión cometidos por directivos ajenos.

Por todo ello, se sostiene que esta sucesión es la norma que establece el Código Penal en los casos en los que una persona jurídica investigada se transforma, se escinde, se fusiona o es absorbida.

No es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que responder por la absorbida

De hecho, no es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que responder por la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado por la Audiencia Nacional.

También recuerdan que en la vía civil se han dado otros casos. El ejemplo más inmediato es el de Bankia, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.

Investigación de la caída del Popular

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ron y Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas. La primera de ellas analizaba la ampliación de capital de 2016 y la segunda una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias, con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Tras conocer el auto del juez Calama, la asociación de consumidores Adicae, que representa en la causa de 934 accionistas del Popular, anunció que exigirá al Santander “las explicaciones necesarias sobre la falta de transparencia, la oscuridad y la arbitrariedad” de un proceso que “acabó defraudando a más de 300.000 inversores”.