El rescate ‘in extremis’ al taxi blinda de rebote a sus enemigos
La protección al porcentaje de taxis y VTC provoca que los empresarios que comercializan en lote estos permisos los sigan vendiendo a precios altos
El Gobierno termina su operación rescate al taxi. La inició con el decreto que salvaba la proporción de taxis y vehículos con licencia VTC –los que utilizan Uber y Cabify– y la cierra elevando a rango de ley dicho decreto. No obstante, la normativa ha blindado también a los grandes empresarios que comercializan este tipo de licencias, cuyo valor no se diluirá tras bloquear la liberalización del mercado y la entrada de nuevos competidores.
¿Por qué motivo? Desde que se obligara a las tecnológicas a operar con licencias VTC, se disparó el número solicitudes en masa de este tipo de permisos, lo que provocó una escalada del valor hasta el punto de vender por 45.000 euros una licencia comprada por 32 euros.
Ahora, con la puerta cerrada a nuevas solicitudes, los precios se mantendrán, lo que permitirá a los grandes empresarios con lotes de VTC mantener el valor de sus activos y seguir comercializándolos a precios altos.
Algunas de estas empresas cuentan con una flota de vehículos con más de 600 licencias para operar, como Ares Capital, dirigida por los hermanos Ortigüela, dos viejos conocidos del mundo del taxi. Tienen permisos repartidos entre Málaga, Madrid, Palma de Mallorca, Segovia y Barcelona.
Otra es Vector Ronda Teleport, ligada a Cabify y en manos de Rosauro Varo, ex de Pepehone. Esta firma tenedora de permisos controla 250 VTC, a los que hay que sumar otros 153 que se reparten entre las veinte sociedades que cuelgan de ésta, según datos del ministerio de Fomento de febrero consultados por Economía Digital.
Burlando al Supremo
El Gobierno ha tomado esta decisión a falta de pocos días de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia que supondría la liberalización al completo del transporte privado. Este juicio enfrenta, por un lado, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), la patronal de las VTC (Unauto) y las plataformas Uber y Cabify, y por otro, al gremio del taxi.
Desde este último sector afirman que la batalla no ha terminado a pesar del balón de oxígeno del Ejecutivo. Si el Supremo se pronuncia a favor de los intereses de la CNMC se abre un nuevo escenario en el que se desbloquearían algunas de las licencias que actualmente están paralizadas, por lo que todo apunta a que la batalla judicial seguirá y se alargará durante años.
Nuevas posiciones
Si hace unos meses Unauto estaba enfrentada con el taxi, ahora parece que van en el mismo barco. O eso expresan desde la patronal, que ve con buenos ojos la medida del Gobierno, mientras tratan de desmarcar su posición de la de Uber, a quien señalan como único actor partidario de la liberalización absoluta del mercado.
Fuentes del taxi señalan que esta nueva postura responde a los intereses de los integrantes de Unauto de proteger sus inversiones en licencias y señalan especialmente a un hombre: su presidente, Eduardo Martín, quien tiene 40 cargos activos y 44 históricos en más de 60 empresas dedicadas al transporte privado, según los datos del Registro Mercantil.
