El Puerto de Barcelona reclama daños y perjuicios por el derrumbe del Muelle Prat

Las obras de ampliación del Puerto de Barcelona se encuentran bajo investigación judicial. A los escándalos del encarcelamiento de José Mestre, líder de la principal empresa estibadora barcelonesa, por su presunta implicación en una red de tráfico de cocaína a gran escala y de la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos de que en las obras del dique este se produjo una supuesta estafa de más de 40 millones -caso en el que se ha visto implicado el ex subdirector general de infraestructuras del puerto, Rafael Escutia-, se une ahora otra reclamación judicial por daños y perjuicios por el extraño hundimiento del Muelle Prat.

La primera decisión adoptada por el nuevo consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), presidido por Sixte Cambra, ha sido llevar a los juzgados a la unión temporal de empresas (UTE) de Ferrovial y Cyes por el colapso del Muelle Prat, ocurrido el 1 de enero de 2007. Aquel accidente causó unos perjuicios económicos que superan los 216 millones, además de provocar un retraso de cuatro años en la entrada en servicio de la nueva plataforma, adjudicada a la primera compañía del mundo de transporte de contenedores, la hongkonesa Hutchison. De hecho, Cambra ha reconocido que hasta el verano de 2012 no estará listo el Muelle Prat, cuando su antecesor, el socialista Jordi Valls, había dicho en sede parlamentaria que la obra de reparación culminaría en 2008.

Quebranto de 216 millones

La APB ha rehusado comentar los casos investigados judicialmente, pero Economía Digital ha podido saber de fuentes próximas a los responsables del puerto que las compañías aseguradoras de las constructoras del Muelle Prat habían ofrecido extrajudicialmente nueve millones en compensación por el inusual colapso de la obra. Una cantidad que se queda corta en comparación con los más de 216 millones que Port de Barcelona ha gastado o dejado de ingresar a consecuencia del error constructivo.

La APB imputó al desplazamiento de parte del Muelle Prat unas pérdidas extraordinarias de 37,8 millones en la cuenta de resultados del ejercicio 2006, a pesar de que el hundimiento se produjo el 1 de enero de 2007. Unas pérdidas que correspondían a la inversión que se hizo en su día y que se perdió a raíz del desplazamiento de 600 metros de bloques de hormigón del tamaño de un edificio de seis plantas frente a la antigua desembocadura del río Llobregat.

El accidente se produjo al moverse 16 de los 37 cajones que conformaban la línea de muelle. El entonces presidente de la APB, Jordi Valls, fue preguntado en el Parlament de Catalunya sobre si se podía haber evitado el accidente. Respondió que los estudios e hipótesis del informe técnico constataban que se trata de un hecho “excepcional” y en aquel momento “impredecible”.

Materiales licuados

Los expertos que estudiaron el accidente concluyeron que las decisiones técnicas adoptadas durante la construcción del Muelle Prat “fueron las correctas en todo momento”. Esa obra formaba parte de la ampliación del Puerto de Barcelona hacia el sur a través del Muelle Prat. El informe técnico sobre el desmoronamiento indicó que los materiales utilizados para rellenar la zona rescatada al mar se volvieron viscosos a consecuencia de un proceso de licuación.

A la viscosidad se agregó, según el informe técnico, la existencia de bolsas de gas que impregnaron estos materiales. Ambas circunstancias ocasionaron una presión de tal magnitud que acabó por desplazar los inmensos contenedores mar adentro.

Coste de la reparación

A la inversión perdida en su día por el accidente hay que sumar los 62,9 millones a que han ascendido los trabajos de reparación del hundimiento del Muelle Prat, obra que curiosamente se adjudicó en noviembre de 2007 a la misma UTE de Ferrovial y Cyes. Fuentes de la APB indican ahora que la extracción y reparación de los bloques desplazados y la continuación del Muelle Prat se encargó a los mismos responsables del hundimiento “porque era el presupuesto más ajustado”.

A estas sumas se unen las tasas de ocupación de dominio público que debía satisfacer la concesionaria de la nueva terminal del Muelle Prat y que la APB ha dejado de percibir. A razón de 29 millones anuales, la cifra que se ha dejado de ingresar alcanza los 116 millones, merced a una bonificación del 95% del cánon que la APB se ha visto obligada a aplicar a TerCat, controlada exclusivamente por Hutchison, por los retrasos en la entrada en servicio del nuevo muelle.

Mientras tanto, el proyecto de ingeniería del Muelle Prat desplazado y hundido, se tuvo que redefinir y pasó de una construcción a base de gigantescos bloques de hormigón a un nuevo planteamiento. Primero, se tuvo que retirar los gigantescos bloques de hormigón y para ello se contrató a la holandesa Jan de Nul, la compañía que posee la draga con la mayor retroexcavadora del mundo, la Mimar Sinan, por ser la única capaz de desmontar los bloques dañados en 600 metros de muro subterráneo.

Montilla tranquilizó a los chinos

Después de la retirada de los gigantescos bloques de hormigón, se modificó el sistema de construcción del Muelle Prat, mediante pilotado y posterior construcción de una plataforma encima. En el viaje que Montilla hizo en septiembre de 2010 a China, el presidente de la Generalitat tranquilizó a los propietarios de la multinacional de contenedores asegurando que se iban a cumplir los nuevos plazos de entrada en servicio de las instalaciones.

Tras la detención y encarcelamiento por tráfico de drogas de José Mestre, socio de Hutchison en la adjudicación y nombrado en mayo pasado por el presidente Montilla “mejor empresario nacional del año” del sector de la logística, los chinos han elevado su participación en TerCat hasta controlar completamente la compañía.

Diferentes soluciones

Las 100 hectáreas de superficie que ocupan el nuevo dique se asientan sobre una plantaforma soportada por pilares. La solución que se buscó para asegurar, por ejemplo, la parcela que se ha ganado al mar para construir el hotel W -conocido por su forma de vela- es muy distinta, aunque la metodología de construcción de ambas plataformas fue muy similar hasta la última fase. Los constructures del rascacielos de Ricardo Bofill apelmazaron el terreno con martillos gigantes, según ingenieros consultados Economía Digital.

Joaquim Coello asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria de Barcelona el 16 de abril de 2004, relevando a Joaquim Tosas (CiU). A Coello le sucedió en diciembre de 2006 Jordi Valls, procedente de la conselleria de Trabajo de la Generalitat, en la que estuvo sólo ocho meses debido a la convocatoria anticipada de elecciones. Valls (PSC) se estrenó en el cargo con el aparatoso desplazamiento del dique Prat, una anomalía constructora que le ha costado a los contribuyentes más dinero del que inicialmente correspondía. Los jueces tienen ahora la palabra.