El PP privatizó las traducciones judiciales con un 60% de sobrecoste
Los juzgados de Madrid pagaban a los intérpretes 40 euros brutos por jornada. Con la privatización en 2007, comenzaron a pagar a la empresa privada Seprotec 40 euros la hora, pero los traductores sólo se quedaban con 16 euros
Privatizar para disparar costes. Este fue el modelo con el que la Comunidad de Madrid traspasó los servicios de traducción e interpretación de los juzgados a la empresa privada Seprotec con un coste de intermediación disparado.
Antes de la privatización del servicio, en 2007, los juzgados de Madrid contrataban a sus propios traductores. Eran trabajos a destajo por los que pagaban 40 euros brutos por jornada, que generalmente incluía las horas de la mañana. Fuesen dos horas o cinco, los profesionales recibían el mismo pago, pero el concepto cambió en 2007 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y con Francisco Granados, hoy encarcelado por la trama Púnica, como su consejero.
Con la privatización de este servicio, la Comunidad de Madrid disparó el gasto. En lugar de pagar 40 euros brutos por jornada a los traductores, comenzó a retribuir a la empresa privada Seprotec 40 euros brutos por hora, un aumento de precio exponencial.
Comisión elevada
Con la privatización, de los 40 euros que la Comunidad pagaba a la empresa, los traductores sólo percibían 16 euros. Es decir, la empresa privada, el intermediario, comenzó a ingresar 24 euros por hora cada vez que llamaba a un traductor para que hiciese su trabajo.
Seprotec, que ha ganado casi todos los concursos hasta ahora, sólo tiene que elegir a los traductores e intérpretes adecuados para realizar su trabajo en los juzgados y debe garantizar que tengan los conocimientos necesarios para ejercer como traductores.
Pero la compañía privada, que cobra una elevada comisión por citar a los traductores a los juicios, no ejerce grandes controles, según ha podido comprobar este diario. La empresa acepta a supuestos traductores que no pueden acreditar estudios mínimos.
Un periodista de Economía Digital, que realizaba una investigación periodística sobre la falta de controles por parte de la empresa, fue contratado como intérprete de árabe para los juzgados a pesar de no saber ni una sola palabra en esa lengua. La investigación demostró que cualquiera puede ser contratado como traductor o intérprete.
Traducción judicial low cost
Seprotec gestionó los servicios de traducción de la Comunidad de Madrid hasta que perdió el contrato en 2014 frente a la empresa Atlas, filial de Adecco. Al perder la adjudicación, Seprotec se quejó de que con el nuevo contrato recortado, con apenas un presupuesto de 1,4 millones de euros para dos años, no se ofrecerían garantías ni para el servicio ni para los trabajadores. Hoy, después de que la compañía ganara este año el último contrato, trabaja con un presupuesto aún más reducido que ronda los 1,2 millones de euros.
El servicio de traducción judicial low cost ha empeorado aún más las condiciones laborales de los profesionales. Los traductores enviados a los juzgados han pasado de cobrar 16 euros brutos la hora a 10 euros en la actualidad.
Los secretarios judiciales y los jueces aseguran que los intérpretes aseguran que los problemas por las limitaciones lingüísticas de los traductores son cada vez más frecuentes. Aunque dominen la lengua de origen, muchas veces no se hacen entender en castellano, la lengua de normal funcionamiento del juicio.
