El juez suma 100 interrogados por la trama del jamón podrido
Los juzgados de Alzira interrogan a un centenar de implicados y testigos y declaran “causa compleja” a la trama de jamones en mal estado
El juzgado de instrucción número 3 de Alzira (Valencia) ha interrogado a un centenar de implicados y testigos por la trama empresarial que vende jamones adulterados y en mal estado y que está siendo investigada por delitos contra la salud pública.
El tribunal valenciano ha imputado, hasta ahora, a seis empresarios y trabajadores relacionados con la red empresarial, según ha podido saber Economía Digital a través de fuentes judiciales. El tribunal ha declarado la investigación “causa compleja”.
Los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana emitieron en junio pasado una alerta sanitaria tras haber detectado irregularidades en varias naves clandestinas en las que se almacenaban jamones en malas condiciones higiénicas. Los inspectores sanitarios encontraron toneladas de jamones con larvas, gusanos y moscas, así como producto que no contaba con la documentación reglamentaria. Se trata de la mayor causa contra la salud pública en los últimos años en España.
Jamones incinerados
Los juzgados de Alzira han ordenado la incineración del 95% de las piezas incautadas. El juez no tiene duda de que se trata de una mercancía peligrosa para la salud pública.
Una alerta sanitaria había advertido a las autoridades de todas las comunidades autónomas de la peligrosidad de una decena de marcas de jamón: Bodega Alto de Aitana, Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro de la Ermita. Esta última marca llegó a ser vendida, incluso, en las tiendas Carrefour.
Los juzgados procederán este lunes 5 de noviembre a la destrucción de la mercancía que aún está en manos de empresas distribuidoras, según han confirmado los juzgados a Economía Digital. Con esta acción, todos los jamones en mal estado hallados en la Comunidad Valenciana habrán sido destruidos.
Los cárnicos en mal estado eran vendidos, principalmente, como producto loncheado, en pequeñas cadenas de supermercados valencianas. Ahora los tribunales trabajan para dilucidar si esos supermercados conocían en mal estado de los jamones o simplemente fueron engañados por los distribuidores y fabricantes.
La trama del jamón podrido estalló en junio cuando los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana detectaron irregularidades en varias naves clandestinas en las que se almacenaban jamones en malas condiciones higiénicas. Dos operaciones de la Guardia Civil, los servicios sanitarios y la fiscalía han avanzado en la investigación de dos ramificaciones que forman parte de la misma red.
Los hermanos Francisco y Antonio Cordero Gamero dirigen la red de venta de jamón fraudulento en toda España, según la investigación judicial. Estos empresarios habrían montado en apenas cuatro años una red millonaria con ramificaciones en medio centenar de empresas que distribuyen los jamones fraudulentos y que también colaboran con el lavado del dinero negro procedente de la actividad ilícita.
En Valencia, la trama funcionaba a través de la empresa Vitalina, una sociedad estrechamente relacionada con Comapa, líder de distribución de ibéricos en España y proveedor de referencia de Carrefour.
Las autoridades valencianas han procedido al rápido decomiso, destrucción de jamones y emisión de una alerta sanitaria para poner en aviso a las autoridades de toda España. Sin embargo, en Extremadura, la situación ha sido muy distinta. Aunque la fiscalía y los tribunales han avanzado en las investigaciones de forma certera, el gobierno de Guillermo Fernández Vara (PSOE) ha optado por minimizar la trama e incluso ha concedido nuevas autorizaciones sanitarias a los empresarios imputados tras la clausura de las naves donde se almacenaban los jamones en malas condiciones higiénicas.
