El juez rebaja la factura de Botín: Santander indemnizará a Orcel con 51 millones
El tribunal madrileño reconoce que se equivocó en su sentencia inicial y reduce la cantidad inicial de 68 euros que el banco debía pagar a Orcel por no nombrarle consejero delegado
El juzgado de primera instancia 46 de Madrid ha emitido este viernes una rectificación de sentencia en la que rebaja en 16,4 millones de euros la indemnización inicial de 68 millones que Banco Santander debía pagar al italiano Andrea Orcel por no nombrarle consejero delegado pese a que la entidad anunció que lo haría en el año 2018.
De esta manera, el juez, Javier Sánchez Beltrán, tras reconocer el fallo, ha concluido que el banco que preside Ana Botín tendrá que pagar finalmente una compensación de 51,4 millones a quien es consejero delegado de UniCredit desde el pasado mes de abril, en caso de que esta sentencia se mantuviera ante los recursos que se van a presentar.
La decisión se produce después de que Banco Santander pidiera aclaraciones sobre un monto de 35 millones de euros a los que Orcel tenía derecho como paga variable acumulada del pasado. De esta cantidad, finalmente recibió seis millones de UBS, que los resta, y también le descuenta una compensación fiscal que reclamó.
Por lo tanto, la indemnización total cambia fundamentalmente por la reducción de los incentivos a largo plazo, que inicialmente eran de 35 millones de euros, y que ahora el juzgado ha rebajado a 18,62 millones de euros.
De ahí, los 51,4 millones de euros, de los cuales 17 millones corresponden a la prima de fichaje, 5,8 millones en concepto de las dos anualidades del salario de Orcel recogido en la cláusula ‘retribución objetivo anual, 10 millones por los daños morales y, finalmente, 18,6 millones por el ‘buy out’, que se cobrará en acciones de Santander y en diferido.
Origen del conflicto
El banquero Andra Orcel reclamaba 112 millones de euros al banco cántabro después de que retirase su oferta para convertirle en CEO del grupo. El nombramiento estaba previsto para enero de 2019 (tal y como anunció el Santander en septiembre de 2018) y Orcel pasaría a sustituir a José Antonio Álvarez quien se convertiría en vicepresidente del grupo.
Pero el fichaje, de 50 millones de euros, nunca se formalizó y acabó con una demanda del italiano al banco que preside Ana Botín. En concreto, Orcel reclamaba que se cumpliera el contrato o, en caso contrario, daños y perjuicios por 112 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS (donde era miembro del comité ejecutivo) y el que podría haber percibido en Santander.
Banco Santander por su parte, ha defendido en este tiempo que el contrato nunca se formalizó porque no se dieron las condiciones al que estaba supeditado, y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta, pero nunca de una oferta formal. En concreto, Ana Botín decidió no seguir adelante con el fichaje casi cuatro meses después de anunciarlo al considerar inasumible tener que hacer frente a la totalidad del bonus al que se había comprometido.