El juez ordena a la policía investigar el patrimonio de Fernández de Sousa

La Audiencia Nacional está dispuesta a hilar muy fino en el caso Pescanova. El juez Pablo Ruz ha ordenado a la
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente de la Policía Nacional, que investigue los “eventuales cambios significativos” operados en el patrimonio del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y su entorno familiar durante 2012 y 2013.

Ruz le ha imputado junto a otros tres directivos de la entidad y al propio grupo alimentario como persona jurídica por delitos derivados del falseamiento de las cuentas anuales y el uso de información relevante.

“Moralmente estoy tranquilo”

El discurso de Sousa permanece, no obstante, inalterable de cara a la opinión pública. Ni con investigación a fondo sobre su patrimonio da el brazo a torcer. “Moralmente me siento tranquilo”, indicó a la agencia EFE, una vez conocido el auto del juzgado.

Unas horas antes, en una entrevista en la cadena SER, en sus primeras declaraciones públicas tras estallar la crisis de la pesquera, aseguraba: “Podré decir la verdad y todo lo que hay. Si usase información privilegiada, habría vendido todo y me hubiese ido”.

Tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, el auto del juez Ruz señala como imputados a Fernández de Sousa, a los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas y al accionista Alberto Barreras. El auto les asigna delitos tales como falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económico-financiera y uso de información relevante.

A los cuatro se les aplicarán medidas cautelares pero, eso sí, cuando la investigación recabe más datos.

“Imagen irreal de la situación económica”

Según lo expuesto, Pescanova habría transmitido una información que “no se ajustaba a la realidad”. “Valiéndose de información reflejada en las cuentas anuales, así como otros documentos e informes económico-financieros de la entidad, se habría proporcionado públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial. Al menos, durante el tiempo en el que los distintos querellantes, confiando en la fidelidad de la información, adquirieron en el mercado de valores diferentes paquetes accionariales”, indica el auto.

Aunque Fernández de Sousa asegura sentirse muy tranquilo, lo cierto es que el juez Ruz ha sacado toda la artillería posible. Ha ordenado a la UDEF analizar todas las sociedades del presidente de la segunda empresa de Galicia, un encargo complejo ya que, tal y como adelantó Economía Digital, Sousa ejerce desde el cantón de Zurich parte del control de, al menos, una de las patrimoniales a través de las que vendió acciones antes del concurso de acreedores.

Encargos a la banca

El auto requiere incluso a Banco Etcheverría que informe de las cuentas que constan abiertas en la entidad a nombre de Kiwi España, una de las empresas de la familia. También insta a la auditora KPMG a que remita al juzgado copia del análisis forense que realiza sobre las cuentas de Pescanova.

A la UDEF le solicita un informe sobre las actuaciones de Sabadell BS Bolsa relativas a la venta de acciones de la empresa y a Caixabank que comunique el número total de acciones pignoradas por Transpesca –la sociedad del imputado José Alberto Barreras– que fueron vendidas por la entidad con motivo de la ejecución de la prenda constituida en garantía.

Carceller, testigo

Los imputados declararán ante la Audiencia Nacional los próximos días 1 y 2 de julio. José Carceller (segundo accionista y representante de Damm), Javier Serrano (representante de Liquidambar) y Francisco Herce comparecerán como testigos.