El juez investiga a El Corte Inglés por “corrupción entre particulares”
El juzgado número 46 de Madrid abre diligencias por pagos de casi 20 millones a dos empresas en Emiratos Árabes y Singapur
Los juzgados de Madrid han comenzado a investigar a la directiva de El Corte Inglés por corrupción entre particulares y falsedad documental. La querella de la accionista Carlota Areces (9% del accionariado) contra Dimas Gimeno y otros directivos de la empresa ha sido admitida a trámite parcialmente por el juzgado número 46 de Madrid.
Areces fue expulsada por Gimeno en medio de una pugna familiar que explotó con la llegada del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, que supuso el desembolso de 1.000 millones de euros a la compañía. Tras la entrada, El Corte Inglés pagó 19,5 millones de euros a Noganoir Capital y Tereze Capital, dos empresas en Emiratos Árabes y Singapur por la supuesta asesoría en la operación. Pero ahora la accionista díscola asegura que nunca hubo tales trabajos de asesoría.
«Ni ha existido esa labor de asesoramiento ni existe contrato de asesoramiento aportado a los consejeros. Encubre el pago de comisiones a favor de terceros cuya identidad se desconoce y que bien pudieran implicar a los altos estamentos del Estado. Nos encontramos ante pagos encubiertos mediante sociedades opacas en claro perjuicio de la sociedad», argumenta la querellante en su querella, informa este lunes El Confidencial.
La querella de la accionista se dirige contra Dimas Gimeno, máximo responsable de la compañía, así como contra los directivos Antonio Hernández-Gil, Manuel Pizarro, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Shahzad Shahbaz y Florentino Lasaga. También está dirigida contra el asesor externo de la compañía David Barreiro, que mantiene estrecha relaciones con las empresas a las que se pagó en Singapur y Emiratos Árabes.
Carlota Areces fue expulsada del consejo administración de El Corte Inglés en agosto de 2015, tras ser acusada por la actual cúpula de filtrar información a la prensa. Ahora, la accionista repudiada intenta desgastar a los directivos a través de las querellas judiciales.
