El juez desimputa al expresidente de Indra por la Púnica

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de Indra, Javier Monzón, actualmente presidente del grupo Prisa (El País). García Castellón, que investigaba el papel de Monzón en relación a los supuestos pagos que Indra hizo para financiar al PP de Madrid, dicta ahora el sobreseimiento provisional de su imputación, al considerar que no hay indicio alguno de que los conociera ni interviniera en los mismos.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado ese archivo en un auto dictado este lunes. El documento se enmarca en la parte de la investigación que afecta a Indra por el desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a su favor a partir de 2007 a cambio de sufragar gastos del PP madrileño.

El juez, en contra del criterio mostrado por el fiscal en su momento, sostiene que el análisis de la prueba documental permite concluir que no existe ninguna norma que determine que el presidente de la empresa debía controlar y supervisar ese tipo de cuestiones.

García-Castellón, sobre Monzón: «No existe indicio alguno» de vínculos con la Púnica

Porque, según García-Castellón, eso implicaría que se le pudiera imputar cualquier hecho delictivo que se hubiera cometido en cualquier ámbito de negocio de Indra, que tiene más de 40.000 empleados en 50 países, con facturaciones superiores a los 2.000 millones de euros en los años analizados.

Y los contratos analizados, si bien pueden presentar indicios de delito, superan los dos millones de euros, «una cantidad que por sí sola escapa de todo control del presidente de la compañía».

Respecto a las declaraciones realizadas en sede judicial, el juez subraya que no solo «no existe indicio alguno» de que conociera los hechos, sino que ninguno de los investigados ha aludido a interlocución, interferencia o interés por parte de Monzón o haber hablado con él sobre este asunto.

Indra sigue imputada

En el auto de la Audiencia Nacional, no obstante, se mantiene la imputación de Indra como persona jurídica, si bien entiende que «no es procedente ni adecuado» trasladar esa responsabilidad «a la persona física».

Por todo ello, concluye que no existe «indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados» por parte de Monzón «ni de intervención en los mismos, ni de forma directa ni indirecta, al escapar además de su ámbito competencial».

Y mantener la imputación sería contrario al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, pues se validaría «el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajadores de la misma».

Prisa abrió una investigación interna sobre Monzón a raíz de su imputación en Púnica

Hasta el momento, el juez planteaba que Indra, «con la participación activa» de varios directivos, entre ellos Monzón, se convirtió «en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente» al partido, de sus deudas o las de sus dirigentes.

Monzón dijo al juez que esas facturas las conoció cuando se supo el contenido del sumario de la pieza de Púnica sobre la financiación irregular del PP madrileño, ya que él no entraba en el detalle de ese tipo de pagos, a cargo de otros departamentos.

La imputación de Monzón en la Púnica estuvo a punto de costarle su puesto de presidente en grupo Prisa, el conglomerado que edita El País, La Ser o Santillana. El código ético y del consejo de administración obligó a la empresa a abrir una investigación interna sobre la continuidad de Monzón, que finalmente se cerró para alivio del directivo.