El juez de la Púnica sitúa a Monzón en el epicentro de la trama
El magistrado cree que el expresidente de Indra Javier Monzón conocía el desvío de dinero al PP
Javier Monzón, expresidente de Prisa. EFE
El juez de la operación Púnica apunta directamente a Javier Monzón como responsable del desvío de dinero de Indra al PP de Madrid, y no solo por el hecho de ser el presidente en esos años: cree que sabía lo que pasaba y, al menos, lo toleró. Así se desprende de las diligencias previas de la imputación de Monzón y de Indra como persona jurídica, conocidas este lunes.
El magistrado que imputó a entre otras personas a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, también encausó a Monzón y un segundo exdirectivo de Indra. Se trata de Jesús Vicente Gil Ortega, el histórico responsable del área de procesos electorales de la empresa. Fernando Abril-Martorell, sucesor de Monzón en la presidencia de Indra, prescindió de Gil Ortega en 2017.
Monzón y Gil Ortega son considerados partícipes del “desvío de fondos” de las arcas de la Agencia de la Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) “a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” adjudicados desde ICM a Indra. Estos contratos se habrían iniciado en 2007, según los indicios con los que cuenta el juez.
Los directivos de la compañía cotizada aceptaron pagar deudas de la Comunidad de Madrid, o de sus dirigentes, y sufragar gastos de sus campañas electorales para las autonómicas a cambio de las adjudicaciones de las que habla el magistrado en sus diligencias, contratos que se hinchaban para que ambas partes salieran ganando a costa del erario público.
Los contratos inflados a Indra «no pueden explicarse como un episodio aislado que escapara del control» de Monzón, según el juez
Los indicios del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ponen en tela de juicio los contratos electorales licitados por ICM en 2007 y 2010, para el servicio de asistencia técnica de apoyo a las elecciones de 2007 y 2011. También cree que fue sospechoso el contrato de las elecciones de 2015, aunque este cayó tras las primeras detenciones de la Púnica en 2014.
Además de las adjudicaciones para el apoyo informático y el recuento de procesos electorales, hay otro contrato que habría sido amañado. Se trata de un contrato para la «normalización de la difusión en iniciativas Open Goberment en el marco de las redes sociales integradas en portales de Madrid.org 2011-2012”, por un total de 202.844 euros. Indra habría pagado facturas a la empresa Eico por valor de 14.430 euros por los servicios para cumplir con dicho contrato, que habrían terminado en las arcas del PP madrileño.
El juez apunta a Gil Ortega porque era el responsable del área de procesos electorales, la más rentable del grupo. Pero también señala a Monzón, no solo porque fuera el presidente. Por todo el tiempo que ocupó el cargo y que duraron los hechos presuntamente delictivos, considera que no pudo escapar de su control.
“Su conocimiento se infiere no solo de que presidía en la fecha de los hechos el máximo órgano de administración de Indra, con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección, sino también del prolongado espacio de tiempo en el que se sucedieron de forma continuada los hechos indiciariamente delictivos, de aproximadamente siete años, que no puede explicarse como un episodio aislado que escapara de su control”, dice el magistrado en las diligencias.
Los cambios en Indra tras la Púnica
El juez decidió imputar también a Indra como persona jurídica en la operación Púnica pese a que ninguno de los dos responsables citados a declarar como investigados ya no están en la compañía. Monzón fue sustituido en 2015 por Fernando Abril-Martorell y Gil Ortega fue despedido en 2017, coincidiendo con la salida del exconsejero delegado Javier de Andrés.
Abril-Martorell no solo cortó cabezas para distanciar a Indra de la Púnica y de tentaciones similares en el futuro. También aprobó un nuevo código ético que especificaba cómo tienen que ser las relaciones con las administraciones y pone tierra de por medio con los partidos políticos.
