El juez de Abengoa la lía parda al identificar a los impugnantes

Nadie pensaba que iba a llegar el mes de agosto sin acuerdo de reestructuración en Abengoa, pero así ha sido. Durante todo julio, tras el discurso ante la junta de accionistas del presidente Antonio Fornieles, el pasado 30 de junio, todo apuntaba que la firma se iba a producir de manera inminente, pero, como se ha podido evidenciar, el asunto no estaba tan claro.

¿Y ahora qué? Con la compañía repartiendo el escaso dinero que hay en caja –solo ha llegado para pagar en julio al 60% de la plantilla– y con el juez titular del Mercantil 2 de Sevilla, Pedro Márquez, de vacaciones hasta septiembre, los acreedores y bonistas, ¿se van a quedar sin descanso estival?

De momento, eso parece. Hoy lunes retoman las negociaciones para ver si es posible, de una vez por todas, firmar el acuerdo. «Entre hoy y mañana volverán a negociar», comentan fuentes próximas a los bancos acreedores aglutinados en torno al G-5 que encabeza el Banco Santander.

Más impugnaciones a la vista

Haya o no pacto, el asunto lleva el marchamo de complicarse en los tribunales, debido a las impugnaciones que ya se han presentado contra las adhesiones por el acuerdo de espera firmado en marzo –sobre las que el juez Márquez todavía no se ha pronunciado, y las que –ya lo han avanzado algunos abogados– se presentarían contra las nuevas adhesiones que se deberían recabar para respaldar el acuerdo definitivo.

Una circunstancia que entraría en contradicción con la ley concursal que, en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta, deja muy claro que «solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año».

Posible fraude de ley

O sea, que Abengoa, que presentó en el juzgado, el pasado 28 de marzo, la homologación del contrato de espera, no podría presentar otra homologación hasta el mismo día de 2017.

Fuentes cercanas a los acreedores entienden que no habría ningún problema al tratarse de dos homologaciones sobre dos cuestiones diferentes, pero letrados expertos en derecho concursal han asegurado a Economía Digital que sí lo habría, al no especificar la ley esta diferenciación.

La solución que aventuran los letrados, que entraría en fraude de ley, pasaría porque fueran los acreedores, y no la empresa, los que presentarán al juez la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración. De esta manera, el magistrado, a la vuelta de sus vacaciones, podría encontrarse en su mesa con dos homologaciones sobre el mismo tema, el preconcurso de Abengoa.

Los nuevos fondos, con la mosca tras la oreja 

Precisamente, la primera de estas homologaciones –la que permitió alargar las negociaciones hasta el próximo 28 de octubre– ha sido la que, a última hora, ha motivado que algunos de los nuevos fondos, llamados a poner los algo más de 450 millones de capital para que Abengoa siga adelante, se lo piensen de nuevo.

Cuando Abrams, Baupost, Canyon, D.E. Shaw, Elliot, Oaktree y Värde –los siete fondos que negocian el acuerdo con los bancos acreedores– vieron publicado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 18 de julio, el listado de los impugnantes en un edicto judicial, las dudas sobre poner el dinero aumentaron sobremanera ante una eventual decisión del juez de dar cobertura a las impugnaciones.

Familias sevillanas, aseguradoras y bancos públicos mexicanos

En ese listado no solo aparecen pequeños bonistas españoles –como la familia sevillana Melgarejo Martínez de Abellanosa, a través de Inversiones El Tobazo o la sicav Ahorrocapital, o el particular Armando Gómez Brihuega– sino también sendos bancos públicos mexicanos o varias aseguradoras –como Zurich, Fidelity and Deposit Company of Maryland, Liberty o Atlantic Specialty– con las que los letrados de Abengoa llevan meses lidiando en los Tribunales de Insolvencia de Delaware, en Estados Unidos.

También aparece en el listado Greensill Capital, una firma independiente de servicios financieros de la Abengoa echó mano en 2014 para acudir a los mercados de capitales, la intermediadora financiera sueca Blackhouse y, sobre todo, el fondo estadounidense EIG.

El fondo EIG, de socio a impugnante

En marzo de 2015, Abengoa y EIG pactaron la creación de la sociedad conjunta Abengoa Projects Warehouse-1 (APW-1), a la que se traspasarían una cartera de proyectos en fase de construcción de Abengoa, como Atacama I y II, en Chile, las plantas de cogeneración A3T y A4T en México, y una participación en las líneas de transmisión brasileñas.

El capital total comprometido inicialmente de APW-1 se situó en 2.000 millones de dólares, de los que el 55% los pusieron los fondos gestionados por EIG y el 45% restante Abengoa, convirtiéndose la multinacional sevillana en accionista minoritario para no consolidar parte de estos proyectos en su balance. Todas estas plantas están hoy en venta por un precio muy inferior al dinero aportado por EIG.