El juez condena a los directivos de Spanair por retrasar el concurso de acreedores

Los máximos responsables de Spanair en el momento de desaparición, encabezados por Ferran Soriano, han sido condenados solidariamente por el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona al pago de una multa de 10,8 millones de euros, que además lleva aparejada la inhabilitación para la mayor parte de ellos durante dos años.

El juez considera probado que la dirección de la aerolínea cometió un “retraso culpable” en la presentación del concurso de acreedores, lo que perjudicó gravemente a la compañía. Los directivos se habrían lanzado a una “huida hacia adelante”, dice el texto, cuando vieron frustradas sus esperanzas de que un socio industrial entrara en su accionariado.

Venta de billetes

Cuando esa incorporación se “demostró inviable”, la insolvencia, que era latente desde seis meses atrás, no hizo más que agravarse. Y, sin embargo, la compañía siguió vendiendo billetes y no hizo frente a la deuda vencida.

La imposibilidad de que Qatar Airways se convirtiera en el socio anhelado, como antes había ocurrido con Lufthansa, dio paso a conversaciones con otras compañías. Es el caso de la china HNA, con la que apenas se habían hecho unos contactos elementales, pero que fueron difundidos como serios y avanzados para aparentar que la compañía española iba bien, lo que no era cierto.

Insolvencia cantada

El fallo asegura que en el plazo transcurrido entre el 31 de diciembre de 2011 y el 30 de enero del 2012, el día en que se presentó la solicitud de concurso voluntario, venció deuda por valor de 10,8 millones a la que no se hizo frente y que dificultó las posibilidades de que Spanair pudiera remontar.

Contrariamente a lo que alegó la defensa, el magistrado rechaza que los diez millones aportados por Avançsa como préstamo participativo en ese periodo puedan computarse en este capítulo, puesto que se destinaron al pago de nóminas, de las cuotas de leasing y del combustible de los aviones.

Dos instituciones públicas

La sentencia, que podrá ser recurrida, justifica la inhabilitación de dos instituciones de derecho público como Fira de Barcelona y Anvançsa, pese a que el administrador concursal solicitó expresamente que no les afectara para evitar que terceras personas pudieran verse afectadas. El juez entiende que se trata de una cuestión de “orden público” e impone el periodo mínimo que marca la ley, dos años.

Soriano encabeza la relación de los condenados solidariamente al pago de los 10,8 millones, además de Michael Balint, Miquel Martí, Jordi Bagó, Josep Maria Benet, Josep Mateu, Benny Zakrisson y las instituciones Fira de Barcelona, Avançsa, Catalana d’Iniciatives e Inversions Turístiques i Comercials.

La pena de inhabilitación incluye a Karl Mats, pese a que había renunciado a su cargo de consejero antes del concurso.