El impuesto hipotecario de Podemos amenaza Caixabank y Santander con otros 1.000 millones
Belarra propone que las entidades destinen una parte de su crédito a un fondo para hipotecados, medida que en el sector financiero ven inviable y electoralista
Ione Belarra en un acto de campaña de Unidas Podemos. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Unidas Podemos vuelve a la carga contra la banca. El impuesto temporal con el que el Gobierno recaudará 3.000 millones de euros en dos años por los supuestos beneficios extraordinarios de las entidades sabe a poco al partido morado y ha insinuado en varias ocasiones que debería incrementarse dicho gravamen. Pero Ione Belarra se inventó otro este miércoles: un 0,15% del crédito total para un fondo de ayuda a los hipotecados, una tasa que de concretarse, se llevaría por delante más de 1.600 millones de euros de la gran banca, de los que 1.000 los pagarían Caixabank y Santander.
La Ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos agitó de nuevo la bandera del rescate a la banca de hace una década para argumentar someter al sector a más sacrificios. Ahora ya no habló de beneficios extraordinarios y el argumento fue ayudar a las familias a las que les sube la hipoteca por el encarecimiento de los tipos de interés y del euríbor y que tienen dificultades para hacerle frente. Para ello, propuso la creación de un Fondo de Responsabilidad Social.
Sería similar al Fondo de Garantía de Depósitos, según fuentes de Podemos, y se nutriría de aportaciones de la banca. “Estaría dirigido por una comisión con mayoría de representantes del sector público y destinado a la protección de los consumidores frente a los abusos del sector”, añadía el partido morado. La banca debería destinar el 0,15% de su volumen de crédito total cada año, algo que Podemos calcula en aproximadamente 1.500 millones anuales.
La cifra, sin embargo, podría ser más alta y superar los 1.900 millones de euros en todo el sector, de los que 1.628 millones irían a cargo de la banca del Ibex, según los cálculos de Economía Digital a partir del volumen de créditos a clientes en España de cada una de las entidades a cierre de 2022. Esos más de 1.600 millones que tendrían que pagar Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja supondrían el 21,3% del beneficio que obtuvieron en 2022 en España.
Fuentes de Podemos consultadas por este medio han detallado que planean aplicar dicho 0,15% sobre el saldo vivo del crédito de todos los bancos que operan en España, si bien admiten que la cifra es aproximada porque el cálculo es complejo. Además, contempla que sea el Banco de España, junto con una gestora, quien concrete que volumen de créditos gravar y calcular el montante.
La entidad más perjudicada sería Caixabank, pues es la que lidera el crédito en España. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri debería pagar, según los cálculos de Economía Digital, 497 millones, lo que supone un 18% de su beneficio de 2022 excluyendo su negocio exterior. A Santander le costaría 485 millones, el 31% de su beneficio en España, mientras que a BBVA sería el 19%, 318 millones. Sabadell pagaría 171 millones (22% del beneficio en España); Bankinter, 104 (19%), y Unicaja, 84 (32%).
El nuevo gravamen puede restringir el acceso al crédito
Los bancos han preferido no valorar una medida que por ahora solo es una propuesta de uno de los dos partidos del Gobierno y a las puertas de unas elecciones que serán la antesala de las generales previstas para final de año. Fuentes del sector sí han explicado que esperan que no vea la luz porque la consideran inviable y electoralista, confían en la oposición de Nadia Calviño y recuerdan que las entidades ya soportan un impuesto extraordinario que han recurrido judicialmente.
Varias fuentes han apuntado a las elecciones del domingo como el motivo detrás de la propuesta de Belarra, y una de ellas ha recordado que la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya dio carpetazo a las insinuaciones de sus socios de Gobierno de incrementar el hachazo a la banca. Sobre este, el gravamen temporal de 1.500 millones al año, recuerdan al Gobierno que puede usarlo para ayudar a los hipotecados, si lo considera necesario: “Nosotros solicitamos que fuera finalista, que lo usen para ayudar a las familias que lo necesiten”.
En el sector también recuerdan el protocolo de buenas prácticas aprobado por el Gobierno en colaboración con los bancos para ayudar a los hipotecados que, por la subida de los intereses, no puedan hacer frente a la cuota. Está funcionando, aseguran, y las cifras de familias que necesitan acogerse a él, es asumible para la banca. A principios de marzo eran 9.000 los hipotecados que se iban a beneficiar del mismo. “Los bancos somos los primeros interesados en que la gente siga pagando la hipoteca”, aseguran.
También alertan ante posibles consecuencias negativas de gravar el crédito. Si una entidad tiene que pagar un porcentaje de sus préstamos, podría restringir la financiación, y esta previsiblemente se encarecería, pues es probable que las entidades repercutieran esa subida de costes en sus oferta crediticia. Todo ello podría restringir el acceso al crédito, dificultándolo para colectivos vulnerables. Además, puede incentivar al cliente a no pagar si un fondo se va a hacer cargo de su deuda, según las fuentes del sector consultadas.
