El ilustre insolvente que burla a todos los jueces

Mario Navarro-Rubio, hijo de un inspector de Hacienda y nieto de un ministro franquista de Hacienda, ha levantado en la última década una red de empresas dedicadas a la venta de falsos seguros para proteger a los propietarios de viviendas contra el impago de los inquilinos.

Navarro-Rubio comenzó su negocio hace más de una década con la llamada “garantía de alquiler”, un producto que supuestamente echaba a los inquilinos morosos sin gastos judiciales. El servicio obtuvo un enorme despliegue publicitario justo antes del estallido de la crisis y se llegó a vender hasta en estancos.

No era más que un simple contrato con el que propietario e inquilino aceptaban someterse a un arbitraje en caso de impago. Si los inquilinos abonaban puntualmente su mensualidad, el propietario no tenía ningún problema, pero si necesitaba solicitar la mediación de la empresa, entonces debía arrastrar un doble dolor de cabeza: el del inquilino moroso y el de la empresa mediadora que, finalmente, no agilizaba la salida del inquilino sino que empezaba a cobrar por todo. 

«Al principio, ofrecían un servicio pero cobraban por conceptos que, en teoría, estaban incluidos. Iban a los juzgados a echar al inquilino. Pero años después, un despacho de abogados se ponía en contacto con los clientes para informar que habían localizado al moroso y podían embargarlo. Pero para ello, debían pagar, 345 euros por adelantado. Por supuesto, ningún cliente cobró nada», explica José Manuel Ghezzi, abogado que ha reunido junto con su socia, Amparo Pla, más de 170 afectados que han interpuesto una querella contra Navarro-Rubio. «Es un método cálculado y sofisticado. Para reclamar 345 euros, los afectados no van a juicio porque sale mucho más caro», explica Pla. 

Pero con los años, otras empresas de Navarro-Rubio se ponían en contacto con los afectados y les reclamaban 2.700 euros por gastos judiciales no pagados. La codicia del empresario rompió el saco y comenzó la lluvia de querellas que podrían llevarlo a la cárcel. El delito de estafa contempla hasta seis años de prisión.

La red de empresas insolventes

Su red de empresas se esconde bajo el nombre de asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro. Todas han cerrado después de declararse en insolvencia ante las deudas: Corte de Arbitraje, Tribunal de Arbitraje Institucional, Abogalia, Avantis Legal, Avantis Pólizas, NCR Servicios Jurídicos y Asociación Española para la Defensa Jurídica. Al principio, los contratos y productos parecían documentos oficiales. Y los clientes, algunos de ellos jubilados y con edades avanzadas, creyeron que se trataba de un organismo público.

Ahora, el empresario y su exmujer, Mónica Cobián, afrontan una ola de querellas y demandas por impagos, estafa y apropiación indebida. El juzgado de instrucción número 35 de Madrid admitió a trámite una querella que agrupa a unos 200 afectados por los supuestos seguros vendidos por estas entidades. Casi todos cuentan la misma historia. Recibían llamadas amenazantes para que pagaran los gastos de abogados y procuradores. 

Los afectados: La táctica habitual era pedir más dinero y no hacer nada

“Te decían que te ayudarían a recuperar el dinero con embargos pero nunca hacían nada. Cuando me pongo en contacto con ellos para cobrar, me dicen que tengo que pagar 190 euros para activar el caso. A los 20 días me llama un despacho de abogados, que eran ellos mismos, y me piden 500 euros más para poder embargar y recuperar el dinero. Al año, me volvieron a llamar para pedir más dinero. Era la táctica habitual: pedir más dinero y no hacer nada”, explica Luis Vilar, portavoz de la plataforma de afectados de las empresas de Navarro-Rubio.

Este medio ha intentado contactar con el empresario Navarro-Rubio y sus empresas, pero no ha sido posible. La mayoría están cerradas.

El desahuciador desahuciado

Navarro-Rubio se ha vendido como un empresario que garantiza la tranquilidad de los propietarios frente a los inquilinos morosos. Y, para promocionar su negocio, sabe muy bien de lo que habla. Sus empresas han sido expulsadas de sus oficinas en, al menos, dos ocasiones, por impagos a los propietarios.

El supuesto azote de los inquilinos morosos ha sido expulsado en dos ocasiones por moroso 

De una oficina en la calle María de Molina, en Madrid, pasó a otra en la calle Claudio Coello, en el pujante barrio de Salamanca. Ahora, también afronta problemas con su actual casero por los impagos encadenados en su actual sede en Pozuelo (Madrid).

El garante del pago no sólo es un inquilino moroso, sino que también acumula deudas con sus proveedores, y con las compañías básicas de servicios como electricidad y teléfono, según han explicado fuentes cercanas a la empresa. 

Condenas judiciales

El empresario y su exmujer ya son habituales en los juzgados. Los trabajadores han acudido de forma masiva a los tribunales para exigir los salarios no pagados y las indemnizaciones. El juzgado de lo social número 8 de Madrid condenó a las empresas a indemnizar a una trabajadora con más de 35.000 euros, pero las sociedades recurren a la vieja táctica: declaración de insolvencia.

La pareja acumula condenas por deudas con proveedores y extrabajadores en varios juzgados de Madrid. No se presentan a ninguna demanda civil. Una clínica de fertilidad en Madrid ganó el juicio por impago de 8.000 euros. El juzgado de primera instancia número 7 declaró a la pareja en rebeldía procesal por no presentarse en el juicio. Y el empresario ilustre y su exmujer van acumulando condenas de proveedores y extrabajadores mientras siguen vendiendo supuestos seguros. 

El abuelo de Mario Navarro-Rubio, Mariano Navarro-Rubio, fue ministro de Hacienda de Franco entre 1957 y 1965, después de que estallase el caso Matesa, que evidenció un manejo irregular de dinero público en una empresa textil con pretensiones de expansión internacional. Condenado el dueño, el caso ocasionó el cese de tres ministros, entre ellos Mariano Navarro. Se libró de la cárcel por indulto de Franco.

Los Navarro-Rubio arrastran problemas con la justicia desde hace tres generaciones

Casi 40 años más tarde, el hijo del ministro, Mariano-Navarro Rubio Serres fue expedientado por el ministerio de Hacienda por participar en una red de “prácticas corruptas” junto con un equipo de inspectores tributarios, según publicó el 9 de diciembre de 1999 el diario El País. Años más tarde, otro medio, El Confidencial, aseguró que el diario del grupo Prisa acusó a los inspectores de Hacienda por sus descubrimientos sobre grandes evasiones de empresarios españoles, entre ellos, Juan Abelló y Jesús Polanco.

Hoy, su hijo, Mario, revive una ola de acusaciones en los juzgados. Pero el empresario parece no necesitar defensores ni indultos presidenciales. Simplemente no se presenta a los juicios. Lo suyo es crear supuestos seguros con nuevos nombres y nuevas empresas a la espera de captar a los próximos incautos.