El ICO se desentiende de las prácticas de la banca investigadas por la CNMC

Desde que se destara la polémica por una posible “mala paxis” en la concesión de los créditos ICO, en abril de 2020, distintas entidades han vigilado que la banca cumpliera su acometido, que era, conceder financiación a las empresas.  

El Gobierno puso en marcha una ayuda de 100.000 millones de euros para los autónomos y empresas afectados por la crisis del Covid-19 y esta partida se fue desbloqueando en cinco distintos tramos entre abril y junio. 

Pero desde el comienzo, algunos solicitantes de estos créditos denunciaron que determinadas entidades financieras exigían contratar un seguro u otro producto financiero para poder recibir la financiación.  

Fue entonces cuando el Banco de España avisó de que estaría “muy vigilante” para evitar que se dieran estas prácticas. Y recordaba que no se podía ligar la comercialización de ningún producto adicional ni realizar ningún tipo de venta cruzada con los préstamos avalados por el ICO. 

Aunque solo unos meses más tarde, en junio, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguraba que solo habían recibido 68 reclamaciones por los avales y 62 de ellas se debían a la denegación de los créditos.  

Por su parte, la AEB, la CECA y la Unacc, también dieron la voz de alarma, avisando de que habían dado instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido del acuerdo. 

“Se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos”, aseguraban. Tampoco estas patronales del sector volvieron a pronunciarse sobre el asunto. 

Sin embargo, la investigación de la CNMC si que avanzó. Competencia abrió un buzón de quejas y sugerencias para que los ciudadanos informaran precisamente de este tema. “Se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado”, explicaban entonces.  

El pasado mes de diciembre, notificaban que tras más de 6 meses de funcionamiento, el sector financiero era sido el que más consultas y denuncias había generado. Asimismo, informaban que habían detectado la existencia de una serie de actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia.   

Entonces empezó a analizar la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos ICO, y tras el análisis realizado, la CNMC considera ahora que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. Y en consecuencia, ha decidido abrir un expediente sancionador al Banco Santander, Caixabank, Bankia y Banc Sabadell.  

El ICO, que es quien responde si estos créditos son impagados (al 80% en las pymes y autónomos, y al 70% en el resto de empresas) se ha desentendido de este asunto porque también ha tenido que vigilar a la banca en este tiempo, pero desde otro prisma. 

El Instituto de Crédito ha tenido que comprobar que los bancos han concedido estos ICO a empresas que cumplieran todos los requisitos que marcaba la ley. Según explican fuentes financieras, su labor ha consistido en hacer un análisis “ex ante” en las operaciones de más de 50 millones de euros.

El ICO ha hecho un análisis de operaciones aleatorias

En concreto tenían que verificar si la empresa cumplía condiciones como no estar en mora en 2019, no superar el doble de la masa salarial, o no estar en CIRBE. En el caso de los créditos de menos de 50 millones, el estudio ha sido “ex post”. Y se ha analizado si cumplen las normativas de la Unión Europea para que puedan tener aval y garantía pública.  

En este sentido, fuentes financieras reconocen que el muestro no ha sido muy amplio., de hecho, las operaciones han sido de forma aleatoria y en cada entidad no llegan al centenar. Pero hacer un análisis de todas operaciones concedidas en 2020 resultaba imposible, pues se aprobaron 944.588 operaciones.

Todas las entidades han vigilado de una u otra manera las prácticas de la banca durante la asignación de los créditos ICO, en cuando a la investigación de la CNMC, disponen de 18 meses para su resolución.