El Gobierno se agarra al Supremo para congelar la indemnización a Abertis

A menos de cuatro meses para que finalice la concesión de la AP-7, el Gobierno prepara un pago de 1.291 millones de euros a Abertis como indemnización de fin de contrato. Aunque la cifra pudiera parecer abultada, la compañía española pide prácticamente 4.000 millones al Ejecutivo. Sin embargo, el Estado cree que el Tribunal Supremo le dio la razón en el conflicto que se avecina.

Fuentes del Ministerio de Transportes explican a Economía Digital que consideran contar con el apoyo legal para no alcanzar la indemnización calculada por la empresa. A pesar de que en 2006, cuando se firmó el contrato, el entonces Gobierno socialista aceptó remunerar a la concesionaria si no se alcanzaban unos volúmenes de tráfico que jamás se obtuvieron por la crisis financiera de 2008. Ya en 2011, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, judicializó el caso para evitar el pago.

Tras años de calma tensa, el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio de 2017, acordo reinterpretar el convenio, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis. Abertis interpuso varios recursos. Y de aquí surge la disparidad de opiniones sobre lo que dijo el Tribunal Supremo: la compañía asegura que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto.

No obstante, desde el ministerio hoy dirigido por José Luis Ábalos defienden que el Alto Tribunal desestimó todos los recursos interpuestos por la organización. «Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis», zanja un portavoz de Transportes.

De este modo, el Gobierno solamente pretende remunerar a Abertis por las obras y ampliaciones acometidas desde 2006. Tal y como explicó en el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, su intención es destinar 1.291 millones de euros, la cifra a compensar según sus cálculos.

Abertis pedirá 4.000 millones de euros al Gobierno por el fin de la concesión

La opinión de Abertis no va por los mismos derroteros. Según las cuentas del año pasado, a 31 de diciembre la cuota que, a su juicio, debían percibir del Estado por la AP-7 era de 3.825 millones de euros. La firma propiedad de ACS y Atlantia defendía que 1.290 millones obedecían al pago de las obras y ampliaciones realizadas y otros 2.815 millones respondían a la rebaja del tráfico sufrida.

Fuentes del sector contactadas por Economía Digital aseguran que por el impacto del coronavirus y las restricciones de movilidad, la factura podría alcanzar los 4.000 millones de euros en los ocho meses que todavía faltan por calcular.

Con 2.700 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España, las mismas voces señalan que no se descarta abrir conversaciones. Será en el futuro, pues todavía no existe una comunicación oficial de que no se vaya a ejercer el pago.

El pacto firmado en 2006 es el origen

El Gobierno considera que la caída sufrida por la crisis financiera es un riesgo al que se enfrentó Abertis, pero que no tiene por qué ser cubierto por el Estado.

El pacto firmado hace quince años con Magdalena Álvarez, la por aquel entonces ministra de Fomento, derivó en un pleito en los tribunales con los sucesivos gobiernos para que cumplieran con el contrato establecido. La cláusula sobre el descenso del tráfico, incluida también en otros convenios parecidos fue la causa del conflicto.

En concreto, tuvo problemas con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del PP, que al no estar de acuerdo con las compensaciones determinó que solo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que experimentó con la crisis de 2008.