El Gobierno obligará a la banca a mantener cajeros aunque se cierren oficinas
El Ejecutivo también quiere promover la colaboración de la banca con Correos para combatir la exclusión financiera con la instalación de cajeros en sus oficinas
El Gobierno va a modificar el Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica este miércoles con el objetivo de acabar con la exclusión financiera, dar solución al problema de acceso al efectivo, sobre todo en la España rural, y acabar con la brecha digital entre los mayores y los más jóvenes.
El Senado ha aprobado una enmienda transaccional, a la que ha tenido acceso Economía Digital, impulsada por Compromís -que esta integrada en la Izquierda Confederal- apoyada por el PSOE, PP, Esquerra Republicana y Bildu, además del PNV y el resto de partidos que forman parte de Izquierda Confederal y del Grupo Nacionalista, con la que se modificará este proyecto Ley este miércoles.
En ella se establece que el Gobierno promoverá, en coordinación con el Banco de España como supervisor, y representantes del sector de entidades de crédito un Plan de Medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquéllas de mayor edad.
Un plan de medidas, que se enmarca dentro de la polémica suscitada en el último mes a raíz de la protesta de Carlos San Juan, un ciudadano de 78 años que pedía un trato «más justo y humano» con los mayores, ante el avance de la digitalización, los cierres de oficinas y la reducción de horarios de atención al público, que han provocado que millones de personas se sientan desplazadas.
La vicepresidenta, Nadia Calviño, urgió entonces a la banca a actuar y poner en marcha un plan de inclusión financiera en el que las patronales AEB y CECA han estado trabajando durante el último mes. Entre las medidas pactadas, se incluye, que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que se incremente el personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.
Asimismo, se establece la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables y promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables. El sector financiero también se comprometerá a que las tecnologías de acceso a la banca sean sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras.
Y que se otorgue la «máxima seguridad», para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online. Al respecto, la Ley indica que se deben establecer «cuantas medidas se consideren necesarias» para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera.
Y en general, «cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros a todas las personas», especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.
En este contexto, el Gobierno asegura que continuará impulsando líneas de actuación estratégica como la colaboración con Correos en su iniciativa para combatir la exclusión financiera de los consumidores en situación de vulnerabilidad, con la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.
Actualmente, el Banco Santander ya tiene una alianza con Correos -desde 2021- para que sus clientes puedan retirar e ingresar efectivo en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención rural) y llevar dinero a cualquier domicilio de España mediante los carteros.
El Gobierno promoverá en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por «brecha digital», asegura.
En los últimos días, Abanca, BBVA, Banc Sabadell y el propio Santander, han anunciado que extenderán el horario de atención al público en sus oficinas e incorporarán una figura que ayude a los mayores y personas vulnerables a familiarizarse con los cajeros automáticos y las herramientas digitales.
Caixabank y Bankinter no han anunciado medidas en este sentido. El primero defiende que es la entidad con más presencia de España en el mundo rural, y el segundo se sienta fuera de la polémica por no haber protagonizado en los últimos años cierres de oficinas ni reducción de personal.
