El Gobierno empuja a centenares de inmobiliarias hacia la disolución con otro cambio normativo

Desde el pasado 1 de enero, muchas empresas han dejado de contar con la ayuda del Gobierno para reconocer que se hallaban en causa de disolución.

Salvo que el Ejecutivo se lo piense dos veces, al terminar el ejercicio 2013 se ha puesto fin a una situación ficticia. La que han vivido durante cinco años un buen número de sociedades, sobre todo inmobiliarias, gracias a la medida de gracia tomada, en diciembre de 2008, por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, de evitar aplicar sin miramiento alguno la Ley de Sociedades de Capital.

No computar pérdidas

En esa fecha, y ante la que estaba cayendo, se permitió que no se computaran como pérdidas las derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias, a los efectos de determinar las pérdidas para la reducción de capital de una empresa o establecer si entra en causa de disolución en el momento que las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social.

Cuando llegó Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno tampoco quiso cortar por lo sano y optó por prorrogar la medida de gracia. Hasta ahora.

Prorroga poco publicitada

Se trataba de una de esas normas a las que –antes los Ejecutivos de Zapatero y, después, los de Rajoy–, no se les daba excesiva publicidad. Bueno, mejor dicho, ninguna. Y su inclusión se hacía de la manera menos llamativa posible.

La última vez que fue prorrogada esta ayuda se incluyó en la Disposición final tercera del Real Decreto-ley relativo a la modificación de las tasas judiciales, aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de febrero del pasado año, y publicado en el BOE un día después. El mejor sitio, sin duda, para que nadie, salvo los directamente interesados, se enterase.

Ley de Sociedades de Capital

Las razones del, hasta ahora, último capote del Gobierno a empresas en quiebra manifiesta, para eludir cumplir con la Ley de Sociedades de Capital, obedecían al hecho de que “dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector, y ampliar su ámbito de aplicación para evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en situación de concurso de acreedores”.

Básicamente, la ingeniería financiera de esta medida ha provocado que, pongamos por caso, si una empresa presenta un patrimonio neto de 800.000 euros con un capital social de cuatro millones de euros, se hallaría, de acuerdo con la legislación mercantil, en causa de disolución, al ser ese patrimonio neto inferior a la mitad del capital social. Pero dejaría de estarlo al sumar al patrimonio neto las pérdidas derivadas del deterioro de los activos inmobiliarios.

Caso Martinsa-Fadesa

A lo largo de estos cinco años, los auditores de las cuenta de numerosas empresas han hecho mención expresa de esta circunstancia en los informes periódicos. Y resulta especialmente llamativo el caso de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.

Al aplicar la Ley de Sociedades de Capital sin tapujos sobre la empresa presidida por Fernando Martín, los más de 2.500 millones de euros registrados como pérdidas por deterioro de los activos inmobiliarios, al cierre del tercer trimestre de 2013, hubieran elevado el patrimonio neto negativo hasta los 5.500 millones de euros, con un capital social de 2.800 millones.

Si el Gobierno no retoma la prórroga, al presentar las cuentas del primer trimestre de 2014, Martinsa y otras empresas deberían automáticamente liquidarse.