El Gobierno decidirá la opa sobre Naturgy sin hablar con La Caixa

El Gobierno decidirá si aprueba o no la oferta del fondo IFM por el 22,69% de Naturgy sin contar con la opinión de la compañía que preside Franscisco Reynés ni de sus accionistas, el más destacado de los cuales es la Fundación Bancaria La Caixa a través de Criteria, pese a que el decreto anti-opas protege expresamente al sector energético.

El citado decreto, aprobado por el Gobierno en marzo de 2020 y vigente, por ahora, hasta el 30 de junio de este año, tiene el objetivo de salvaguardar los intereses de las empresas españolas ante ofertas por parte de un comprador extranjero que quiera adquirir al menos el 10% o una participación de control.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez introdujo hace casi un año un cambio sobre la “ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales” para suspender algunas inversiones extranjeras en España.

En noviembre volvió a modificarla para establecer que estas limitaciones, que afectan específicamente a algunos sectores, especialmente los estratégicos como el energético, se ampliaban y eran de aplicación también cuando el comprador fuera de un país de la Unión Europea.

El motivo de este veto, que obliga a los ofertantes a pasar por el Gobierno, es asegurarse de que el cambio de propiedad o control de la empresa no va en contra del interés general ni de la seguridad, salud u orden públicos. Sin embargo, no las protege, como se sugirió en su día, de ofertas hostiles o no deseadas aprovechando una posición de debilidad por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Fuentes del Ministerio de Industria han confirmado a Economía Digital que para aprobar una operación como la entrada del fondo australiano IFM en Naturgy no se tendrá en consideración la opinión ni de Francisco Reynés ni de Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y Criteria.

Mientras que los fondos GIP y Rioja (CVC y los March), propietarios del 41% de Naturgy, sí se han manifestado sobre la oferta, tanto la compañía como su primer accionista se mantienen en silencio.

La energética ha contratado a Citi y Freshfields para estudiarla, cuando se produzca formalmente, y dar su opinión a sus accionistas, mientras que La Caixa espera el folleto y que pase el tiempo para decidirse entre los 5.000 millones que podría cobrar de golpe o mantener a la primera fuente de ingresos de su obra social.

Así funciona el decreto anti-opas

IFM anunció el pasado martes 26 de enero su intención de comprar el 22,69% de Naturgy. Entonces empezó a correr el reloj que da un mes al fondo australiano para que formalice la opa ante la CNMV con la presentación del folleto en el que detalle la oferta así como sus intenciones en la compañía. Fuentes del fondo aseguraron que no apurarán el plazo y la presentarán esta semana o a inicios de la próxima.

Cuando se presente formalmente la oferta se activarán todos los mecanismos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores empezará su estudio, el que hace siempre que hay una opa y que consiste, resumidamente, en asegurarse de que IFM ha mandado toda la documentación correctamente.

El fondo también deberá remitir la oferta a la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, que tendrá hasta seis meses para estudiarla y recomendar al Consejo de Ministros que dé el visto bueno –o rechace– la oferta. En Francia, este enero el gobierno de Emanuel Macron vetó la oferta de un grupo canadiense por Carrefour.

La solicitud formal a Industria que envíe IFM debe incluir un cuestionario cumplimentado acerca de las principales características de la operación, como quien es el inversor, la sociedad objeto de adquisición, el sector, las características de la operación y toda información que se considere relevante.

El Gobierno solo se pondrá en contacto con Naturgy “si la operación supone un riesgo para la seguridad, salud u orden públicos”

El Ministerio puede solicitar información adicional mediante requerimientos y una vez analizada la información por parte de la subdirección general de Inversiones Exteriores, ésta instruirá el caso y realizará un informe-propuesta de resolución.

La propuesta se remitirá a los miembros de la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex), que debatirán los principales aspectos de la operación y valorarán si necesitan opiniones o informes de otros ministerios. Si es así, se solicitarán y hasta que no se reciban, no se pronunciará.

Si no hay objeciones, la Jinvex la aprobará y la enviará al Consejo de Ministros. En el caso de que no haya consenso en dicho órgano, se pondrán en común las opiniones de los distintos departamentos ministeriales y se decidirá si se condiciona la decisión, se pide información adicional o se prohíbe.

Por tanto, el procedimiento no incluye ningún tipo de comunicación con la oferta objeto de la oferta ni con sus accionistas, con lo que el Gobierno puede entorpecerla o permitirla sin tener en cuenta la opinión de sus propietarios. Solo se pondrá en contacto con Naturgy “si la operación supone un riesgo para la seguridad, salud u orden públicos”.

El Gobierno, en silencio… salvo Podemos

La decisión que puede tomar el Gobierno es una incógnita. Oficialmente, no se ha pronunciado, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, tampoco lo ha hecho. Sí ha hablado Nadia Calviño, vicepresidenta económica, para decir simplemente que era pronto para pronunciarse y valorar el interés de inversores internacionales en empresas españolas.

Podemos, sin embargo, no tardó en oponerse a la oferta de IFM para entrar en Naturgy porque “los sectores estratégicos tienen que estar al servicio del interés general”. En el trasfondo de esta opinión está el hecho de que anhelan la nacionalización de una eléctrica y, aunque no lo consigan, darán batalla en el Consejo de Ministros si Pedro Sánchez y Reyes Maroto apuestan por aprobar la opa.