El fraude eléctrico cuesta 66 euros al año a los clientes de Naturgy en Castilla-La Mancha
La energética ha intensificado su ofensiva contra las conexiones eléctricas ilegales para reducir el coste que supone a los demás clientes
Un contador. Javier Lizón/EFE
UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha, con el objetivo de prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas, y para reducir el coste para el sistema eléctrico que, según la regulación vigente, asumen el resto de los clientes a través de su factura.
La empresa española ha asegurado que el fraude eléctrico representa «un quebranto económico para el sistema eléctrico», ya que el coste de la energía defraudada recae en los demás usuarios, según la regulación vigente. Concretamente, este coste en la comunidad manchega representa más de 40 millones de euros al año, lo que supone una media de 66 euros anuales por cada cliente.
Además, la energética ha explicado, a través de un comunicado, que «este tipo de actuaciones pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a las personas que las realiza como a sus vecinos«.
3.800 conexiones ilegales en Toledo
Por esta razón, la compañía está inmersa en un plan de detección para desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en la Comunidad, y especialmente en la comarca de La Sagra.
Desde enero de 2021, la distribuidora eléctrica ha realizado en la provincia de Toledo cerca de 3.800 actuaciones, un tercio de la cuales corresponden a lo que llevamos de este año.
Una táctica cada vez mas recurrente
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013. Además, estas se intensificaron tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, esta práctica ha aumentado un 7,5%, han señalado en el comunicado.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras de energía deben detectar estas prácticas ilegales con el objetivo de interrumpirlas. Asimismo, tienen que poner en conocimiento a las autoridades y a los clientes.
