El fondo Antin solicita a la CNMV autorizaciĆ³n a su opa de 866 millones por Opdenergy

Los avales que garantizan la contraprestaciĆ³n son del Banco Santander por 519,6 millones y CrĆ©dit Agricole por 346,4 millones

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, durante su intervenciĆ³n en el curso de verano organizado por la APIE en la UIMP de Santander.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.

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GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por Antin Infraestructure Partners, ha solicitado a la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorizaciĆ³n a su OPA voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones de Opdenergy, que supone valorar la compaƱƭa en 866 millones de euros.

La filial de Antin ha remitido este miĆ©rcoles a la CNMV su solicitud de autorizaciĆ³n, en la que informa de que ha constituido dos avales bancarios por un importe total de 866 millones de euros para garantizar el pago de la contraprestaciĆ³n que ofrece por todas las acciones de Opdenergy.

5,85 euros por acciĆ³n

GCE Bidco anunciĆ³ el 12 de junio esta OPA voluntaria en efectivo, en la que ofrece a los accionistas del grupo de energĆ­as renovables 5,85 euros en efectivo por acciĆ³n, lo que supone valorar la compaƱƭa en 866 millones de euros.

El precio representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy del pasado 9 de junio (cuando GCE Bidco y Antin adoptaron la decisiĆ³n de lanzar la opa); del 42% sobre el precio medio ponderado de los Ćŗltimos seis meses y del 23% sobre el precio de salida a bolsa.

Opdenergy
El CEO de Opdenergy, Luis Cid

Los avales que garantizan la contraprestaciĆ³n ofrecida por GCE Bidco son del Banco Santander por importe de 519,6 millones de euros (el 60% del total) y de CrĆ©dit Agricole, por 346,4 millones (el 40% restante).

Asimismo, en la solicitud de autorizaciĆ³n GCE Bidco explica que solicitĆ³ el pasado 28 de junio ante el Ministerio de Industria la autorizaciĆ³n del Consejo de Ministros a la inversiĆ³n directa en OPDenergy de GCE Bidco e indirecta de los fondos gestionados por Antin Infrastructure, de acuerdo con el real decreto de 2020 sobre inversiones exteriores, adoptado en 2020 con motivo de la covid, que fue prorrogado y que el Gobierno actualizĆ³ el 4 de julio.

El real decreto establecĆ­a la necesidad de autorizaciĆ³n para las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en EspaƱa o no cotizadas, si el valor de la inversiĆ³n supera los 500 millones de euros.

GCE Bidco dice que, tras hacer un anĆ”lisis, no necesita obtener ninguna autorizaciĆ³n en materia de competencia a la ComisiĆ³n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni a la ComisiĆ³n Federal de Comercio y la DivisiĆ³n Antitrust del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como mencionĆ³ en su dĆ­a en su anuncio.

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