El fondo Antin solicita a la CNMV autorización a su opa de 866 millones por Opdenergy

Los avales que garantizan la contraprestación son del Banco Santander por 519,6 millones y Crédit Agricole por 346,4 millones

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la UIMP de Santander.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.

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GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por Antin Infraestructure Partners, ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorización a su OPA voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones de Opdenergy, que supone valorar la compañía en 866 millones de euros.

La filial de Antin ha remitido este miércoles a la CNMV su solicitud de autorización, en la que informa de que ha constituido dos avales bancarios por un importe total de 866 millones de euros para garantizar el pago de la contraprestación que ofrece por todas las acciones de Opdenergy.

5,85 euros por acción

GCE Bidco anunció el 12 de junio esta OPA voluntaria en efectivo, en la que ofrece a los accionistas del grupo de energías renovables 5,85 euros en efectivo por acción, lo que supone valorar la compañía en 866 millones de euros.

El precio representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy del pasado 9 de junio (cuando GCE Bidco y Antin adoptaron la decisión de lanzar la opa); del 42% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses y del 23% sobre el precio de salida a bolsa.

Opdenergy
El CEO de Opdenergy, Luis Cid

Los avales que garantizan la contraprestación ofrecida por GCE Bidco son del Banco Santander por importe de 519,6 millones de euros (el 60% del total) y de Crédit Agricole, por 346,4 millones (el 40% restante).

Asimismo, en la solicitud de autorización GCE Bidco explica que solicitó el pasado 28 de junio ante el Ministerio de Industria la autorización del Consejo de Ministros a la inversión directa en OPDenergy de GCE Bidco e indirecta de los fondos gestionados por Antin Infrastructure, de acuerdo con el real decreto de 2020 sobre inversiones exteriores, adoptado en 2020 con motivo de la covid, que fue prorrogado y que el Gobierno actualizó el 4 de julio.

El real decreto establecía la necesidad de autorización para las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España o no cotizadas, si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.

GCE Bidco dice que, tras hacer un análisis, no necesita obtener ninguna autorización en materia de competencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni a la Comisión Federal de Comercio y la División Antitrust del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como mencionó en su día en su anuncio.

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