El ERE de Unicaja encalla: el banco recibe el primer aviso de un Gobierno autonómico

Unicaja ha celebrado este miércoles una nueva reunión con la representación laboral para intentar llegar a un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha puesto en marcha tras la fusión con Liberbank. El mismo afectará a 1.513 personas e implicará el cierre de 395 oficinas. 

Según fuentes sindicales, el banco malagueño no ha avanzado ninguna propuesta nueva pese a que el plazo de negociación acaba el día 2 de diciembre, en solo dos semanas, y se mantiene en la que hizo el martes. Ayer, mejoró su propuesta económica e incluyó a los empleados de 56 años.

Sin embargo, todos los sindicatos coinciden en que las condiciones actuales «son inaceptables» y solo conllevará a despidos, cuando su intención es que las salidas sean voluntarias, es decir, que las indemnizaciones sean lo suficientemente buenas para que los trabajadores puedan solicitar acogerse al ERE.

El descontento llevó este martes a unas 2.000 personas a movilizarse frente a la sede de Unicaja en Málaga, y quieren volver a hacerlo los días 23 de noviembre y 1 de diciembre en horario de tarde. Además, la plantilla está convocada a huelga general de 24 horas los días 26 de noviembre y 1 de diciembre.

Los representantes de los trabajadores ya han advertido que «para desbloquear esta situación», trabajarán en una contrapropuesta conjunta sobre salidas voluntarias, homologación laboral y alternativas a la movilidad geográfica de cara a la reunión de los próximos días 23 y 24 de noviembre.

Entre tanto, el ERE de Unicaja ha pasado a la esfera pública, y este miércoles ha recibido el primer aviso por parte de un Gobierno autonómico. En concreto, del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha advertido en el pleno de la Asamblea que se reunirá con el banco para buscar medidas contra la exclusión financiera.

Hay que recordar que Extremadura es una de las comunidades más afectadas por los cierres de oficina. Unicaja propone el cierre de 78 sucursales, de ellas, 62 en Cáceres (el 70% de su red en la provincia) y 16 en Badajoz. También quiere cerrar otras 144 en Castilla La Mancha y 80 más en Castilla y León. 

Precisamente estas regiones concentran las provincias y ciudades más despobladas del país, y el cierre de oficinas bancarias genera un problema de exclusión financiera con el que las autoridades llevan años luchando, sobre todo, desde la oleada de cierres de sucursales que la banca ha ejecutado en los últimos años.

El efectivo sigue siendo el medio más habitual de pago en España y el cierre de oficinas dificulta su acceso, sobre todo en un segmento de la población que utiliza el dinero físico como principal medio de pago porque no está tan habituado a las operaciones en Internet.

Vara: «No me gusta nada lo que está ocurriendo»

Al ser preguntado por esto, Vara se ha mostrado claro: “no nos gusta nada lo que está ocurriendo». Al tiempo, ha adelantado que estará “muy vigilante” ante un proceso que acaba de comenzar y que se reunirá con Unicaja para “hacerle saber que hay que buscar medidas para que la exclusión financiera no se produzca”. 

No es la primera advertencia pública que recibe un banco este año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuvo incluso que enviar una carta a Caixabank, BBVA y Banc Sabadell cuando negociaban sus respectivos ERE para que redujeran el número de despidos.

Díaz se ha mostrado muy crítica con el proceso de concentración bancaria que se ha producido en nuestro país en el último año, (entre la fusión de Unicaja y Liberbank además de la de Caixabank y Bankia). En su opinión, es «altamente peligroso» porque provoca riesgo de exclusión financiera, según ha comentado en el pasado.

“Yo soy gallega y sé muy bien lo que significa el cierre de las oficinas bancarias, es un drama. Por tanto el tema es de país y el Gobierno de España está involucrado” ha insistido en alguna ocasión. Entre tanto, ha pedido a las entidades financieras que «repensaran los ERE y estuvieran a la altura de las circunstancias».