El dinero negro exprime los pisos de protección oficial en Madrid
Agencias inmobiliarias publican anuncios de pisos de protección oficial con dinero negro para lucrar a los vendedores y defraudar a Hacienda
Los pisos de protección oficial que se venden en Madrid con dinero negro ha dejado de ser un negocio completamente oculto para convertirse en una práctica pública y cada vez más habitual.
La venta de pisos protegidos, construidos con ayudas públicas bajo los criterios de la consejería de vivienda de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos, son vendidos con un precio oficial pero pagados con un porcentaje de dinero negro.
El delito, viejo conocido durante los años de auge del ladrillo, regresa a las agencias inmobiliarias con más visibilidad, especialmente en las agencias de barrio donde abundan las posibilidades de protección oficial construidas hace menos de 20 años: Sanchinarro, las Tablas, ensanche de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz.
Pisos “a precio X”
Las pequeñas agencias se han especializado en este producto, que se presta para todo tipo de corruptelas.
Una comercial de la agencia inmobiliaria de la avenida de Guadalajara, en Madrid, explica que el precio de un piso de protección oficial en el barrio se ubica en los 180.00 euros pero el propietario exige 60.000 euros en B. Es decir, en maletín, billete sobre billete.
Otra agencia de Madrid anuncia a través de la web Idealista la venta de un piso del barrio de Media Legua de 100 metros cuadrados y tres habitaciones por 188.000 euros.
Se trata del precio que el comprador deberá pagar, pero la agencia Target Inmobiliaria aclara:
“Piso de VPP (vivienda de protección oficial) en cuatro años pasa a ser libre pero se puede vender ya. Se escritura a un precio X. Llame e infórmese sin compromiso”, explica el anuncio.
La táctica habitual es concretar la venta de la vivienda por el precio máximo tasado oficialmente por la Comunidad de Madrid, generalmente muy por debajo del mercado. Pero el comprador, beneficiario de las ayudas públicas para acceder a esa vivienda, exige un pago extra que servirá para lucro personal.
Un extrabajador en una agencia explica que los pisos de protección oficial con dinero negro suelen beneficiar también al comprador que accede a una vivienda por debajo del precio del mercado, a pesar de que pague en dinero en efectivo.
El problema llega cuando se hace el cambio de vivienda de protección oficial a vivienda libre.
“Se debe pagar la diferencia de la subvención que recibió la vivienda que, generalmente, es el precio del suelo que cedió el ayuntamiento o la Comunidad. El problema es que muchas veces el vendedor exige al comprador el pago de esta diferencia.
Entonces, el comprador debe pagar el dinero en B más la diferencia. Y muchos clientes no quieren tener estos problemas”, explica el ex trabajador.
La consejería de la Comunidad de Madrid es responsable de evitar la venta de pisos de protección oficial de forma fraudulenta, que además supone un delito de blanqueo y de fraude a Hacienda.
La Comunidad asegura que despliega operaciones de vigilancia para evitar este tipo de transacciones de forma habitual. Economía Digital ha contactado de forma insistente con la consejería para conocer las labores de seguimiento que realiza para evitar este tipo de fraude, pero no recibió respuesta.
Los fraudes añadidos
Además del fraude que supone este tipo de transacciones, algunas agencias inmobiliarias también cometen irregularidades con los pagos del IVA.
“Por lo general, el pago del IVA suele hacerse sobre el precio de la escritura, pero la ambición de algunas agencias ha hecho que cobren el impuesto sobre el precio total”, explica un agente inmobiliario que pidió mantener su nombre en el anonimato.
Pero la cuadratura del círculo defraudador llega con el pago de la comisión a los comerciales que muchas veces no trabajan como empleados de la inmobiliaria sino que tienen la figura del falso autónomo.
La venta de una vivienda de protección oficial con sobreprecio supone una infracción multada que parte de los 6.000 euros, además de la obligación de devolver el dinero cobrado en negro.
Todo ello, con independencia de los posibles delitos fiscales por los que la Agencia Tributaria podría exigir responsabilidades.
