El Corte Inglés: dedazo del abogado de Marta Álvarez en los servicios jurídicos
Los grandes almacenes se hacen con los servicios de Luis Florencio Santa-María Pérez, que ejercerá las funciones de director jurídico
Víctor del Pozo (izqda), consejero delegado; Marta Álvarez, presidenta, y José Ramón de Hoces, consejero secretario, en una Junta de Accionistas de El Corte Inglés anterior. EFE
El Corte Inglés refuerza su estructura jurídica con el fichaje del antiguo director antifraude de Abanca. Los grandes almacenes incorporan los servicios de Luis Florencio Santa-María Pérez que se unirá al equipo legal de la compañía en calidad de director jurídico.
El directivo se unirá al grupo bajo las órdenes de José Ramón de Hoces, el abogado de Marta Álvarez –la presidenta de la empresa– y su hermana Cristina y el secretario del consejo desde febrero, según avanza El Confidencial.
El dirigente sustituirá al histórico Juan del Moral, que ha sido nombrado administrador del grupo Mega 2 Seguridad. La firma fue adquirida al exresponsable de seguridad del conglomerado, Juan Carlos Ferández-Cernuda, jubilado recientemente.
El recién fichado llega desde Abanca, donde era el director de órganos de gobierno del banco. Antes había ejercido de secretario general de Red.es, una organización que cuelga del Ministerio de Economía dedicada a promocionar la digitalización en España.
La llegada del directivo a El Corte Inglés, una petición del secretario
El aterrizaje de Santa-María Pérez se produce a petición del secretario del consejo, que también firmaba como director del área Jurídica y miembro de la comisión de auditoría.
Por la acumulación de puestos, De Hoces señaló al recién llegado, que se enfrentará a varios litigios con las administraciones nada más llegar.
Uno de ellos es el pleito que tiene abierto con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por el exceso de edificabilidad de tres centros comerciales y que podría suponer la demolición parcial de los establecimientos.
El Corte Inglés ha interpuesto una demanda contra ambas instituciones por daños y perjuicios que alcanzarían los 180 millones de euros, de estimarse.
