El Corte Inglés quiere frenar la demolición de tres centros en Madrid con un acuerdo con el Ayuntamiento
La Justicia da un margen de 15 días al Ayuntamiento de Madrid para que acometa el derribo tras constatar varias irregularidades urbanísticas
En la imagen, vista del centro comercial El Corte Inglés de Campo de las Naciones, en Madrid. EFE/Chema Angullo
El Corte Inglés se ha visto abocado a negociar in extremis con el Ayuntamiento de Madrid para tratar de evitar la demolición parcial de tres de sus centros comerciales en la capital. Las instalaciones de la calle Serrano, el Campo de las Naciones y Méndez Álvaro están amenazadas por una nueva sentencia judicial.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha concedido al Consistorio un plazo de 15 días para que ordene el derribo, después de haber constatado varias irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que permitió la ampliación de las tres instalaciones, según ha publicado El Confidencial.
Este varapalo judicial ha llevado a la compañía que preside Marta Álvarez a preparar un nuevo recurso judicial contra la sentencia, así como a negociar con el alcalde popular, José Luis Martínez Almeida, una solución para este problema que afecta a más de 25.000 metros cuadrados de sus edificaciones en Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia declaró nulas las obras en 2013
El conflicto viene de lejos. El Tribunal Superior de Justicia ya declaró nulo en el año 2013 el acuerdo de la Comunidad de Madrid que permitió modificar la normativa urbanística de la ciudad para incrementar la edificabilidad de las tres inmediaciones. A cambio, el Gobierno autonómico logró la cesión de dos parcelas en el distrito de Salamanca para construir zonas verdes y equipamientos públicos.
El Corte Inglés recurrió entonces la sentencia, pero en 2015 el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse en el mismo sentido. Los magistrados concluyeron que se había incumplido la Ley de Suelo tanto por la división del suelo como por el establecimiento de los aparcamientos para los vehículos.
El grupo de grandes almacenes ha evitado desde entonces acometer el derribo, con la justificación de que la operación puede provocar un impacto tanto para la empresa como para las terceras compañías que explotan los expositores de productos.
La única solución ahora pasa porque el gobierno de Almeida apruebe una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que se adapte a las particularidades de estas obras. Aunque la decisión llega en un momento debilitado para el Ejecutivo, que se ha quedado sin el apoyo de Vox para sacar adelante los Presupuestos del 2022.
