El consejo de Pescanova asume su relevo y aplaude el cese de Sousa por el juez

La crisis de Pescanova escribe un nuevo capítulo cerrando una etapa, la de Manuel Fernández de Sousa-Faro al frente de la multinacional, y la de todo su consejo de administración, disidentes incluidos. El auto del titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra, Roberto de la Cruz, que deja la puerta abierta a la reversibilidad de su decisión, volviendo a una intervención convencional y reponiendo las facultades patrimoniales de presidente y consejo en otra fase, también otorga en exclusiva a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el control efectivo del día a día y de la salida del concurso de Pescanova a través de un único administrador. Pocas veces un concurso voluntario, a instancias de la propia empresa, se lleva por delante a sus gestores, cuando lo habitual en ese supuesto es que sea una suspensión de pagos de parte, instada por un acreedor, y mucho menos que se nombre a un único administrador concursal, la autoridad bursátil en este caso, dejando a la banca acreedora al margen.

Tal es el fenomenal lío interno en Pescanova, y tamaña la madeja de sus acreedores bancarios, que el juez, en su auto, decide poco menos que cortar por lo sano. Eso sí, con una premisa: “Mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal, en particular con el mantenimiento en lo posible de la actividad y el empleo, junto con la satisfacción de los intereses de los acreedores, que exige una voluntad única y eficaz”. A esa conclusión llega el juez al constatar que la compañía tampoco le haya presentado un balance (con su pasivo) en la declaración del concurso, ni haya formulado sus cuentas, que la participación del socio mayoritario haya tenido que ser subsanada en las comunicaciones al juzgado al rebajar el presidente su paquete accionarial a la mitad, y que incluso la presentación del concurso hubiera requerido sólo de la mayoría del consejo, “dando cuenta de las discrepancias en una decisión de tal transcendencia”. “El mantenimiento de las facultades patrimoniales del deudor”, concluye el auto, “entraña evidentes riesgo”.

Reacción del consejo

Y es que el cese de Fernández de Sousa también lo es del consejo de administración de Pescanova, que desde distintos ámbitos, tanto aquellos que apoyaron la presentación del concurso como los que votaron en contra, asume la decisión del titular del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra como un paso más para la salida del atolladero en el que se encuentra la empresa. “Han sido dos meses, desde el consejo en el que se decide no formular las cuentas (28 de febrero) en el que se ha permitido al presidente hacer y deshacer a su antojo, con el evidente riesgo que para todos conllevaba, con decisiones muy poco o nada justificadas, y perdiendo día a día credibilidad ante los mercados y margen de maniobra ante la banca”, explican fuentes del consejo.

“Solo queda esperar, que un administrador nombrado por la CNMV se ponga al frente y que al menos haya un gobierno que, aunque de transición, logre sacar adelante un convenio de acreedores y un plan de viabilidad, que es lo que necesita Pescanova”, insisten otras fuentes del órgano de administración, que no descartan que los acontecimientos se precipiten a partir de ahora y, tras el preceptivo informe del administrador, el concurso pueda llegar a ser declarado culpable, con responsabilidad patrimonial por parte de Fernández de Sousa-Faro y el propio órgano de administración. Ninguna de las fuentes del consejo consultadas pertenece, eso sí, a la familia del presidente de la pesquera.

Deuda oculta en pagarés

Esos acontecimientos a los que aluden los consejeros de Pescanova parecen estar a la vuelta de la esquina y vienen a dar la razón al juez. La banca acreedora teme que la deuda oculta se dispare de largo por encima de los 3.000 millones. El motivo, de acuerdo con fuentes del pool bancario, no es otro que los pagarés descontados a la empresa por determinadas entidades y que no aparecen contabilizados en los libros. Esos créditos comerciales incrementarían entre 200 y 500 millones de euros la deuda de Pescanova, que, señalan, se contabilizaría a corto plazo, con lo que la situación todavía resultaría más dramática.

La operativa de los pagarés no apuntados en la contabilidad pero sí descontados por la banca se suma a operaciones de confirming, para aliviar su tesorería, realizadas en los últimos años con los grandes acreedores bancarios de Pescanova, hasta sumar esos 500 millones de deuda oculta. Básicamente, y como herramienta de tesorería, el confirming habría permitido a Pescanova dilatar los plazos de pago a proveedores, de tal forma que las subsidiarias se aprovecharían de disponer del cobro de las facturas de manera anticipada a la fecha de vencimiento del pago pactado con la multinacional pesquera, que a su vez engordaría su deuda a corto.