El cierre de Yamaha, una decisión irreversible

En las próximas semanas, la dirección de la factoría de Yamaha de Palau-solità i Plegamans pactará con su comité de empresa las condiciones en que los 417 trabajadores irán a la calle. Fuentes cercanas al grupo japonés explican a Economía Digital que en este momento no hay ninguna posibilidad real de continuar con la producción en Catalunya. Tal como se dejó entrever este martes en el informe técnico que los directivos dieron a los trabajadores, la fábrica francesa de Saint Quentin está mejor preparada para mantener el negocio en el mercado europeo tras el ajuste de la crisis económica.

En los últimos tres años, las ventas han descendido un 47% y la producción se ha rebajado un 22% en los dos últimos, una cifra que ha llevado a contraer la fabricación de unidades hasta los 134.000 ciclomotores entre los centros productivos de España y Francia. Esta producción cabría en las líneas de Palau (la capacidad máxima de la fábrica es de 130.000 unidades), pero supondría un techo para crecimientos futuros. En contraposición, la factoría francesa tiene capacidad para 200.000 ciclomotores. Además, también cuentan con una línea más versátil, ya que en estos momentos algunas de las piezas que se ensamblan en Palau (como los tubos de escape), provienen de Saint Quentin.

Con todo, las malas relaciones entre el comité y la dirección ha pesado tanto en la cúpula de Yamaha en Europa como la organización de las factorías. Una falta de sintonía que se ha puesto en evidencia en la manera como se anunció el cierre (se filtró a la prensa) y en el desarrollo de los encuentros. El responsable de CCOO en Yamaha, Óscar Rivera, tachó la reunión del martes de “nefasta”, especialmente por que la empresa se limitó a entregar el informe técnico sin debatirlo. Según fuentes cercanas a la dirección, a lo largo de la próxima semana se convocará una segunda reunión para discutir el documento después de dar tiempo a los sindicalistas para que lo estudien.

Generalitat

Con todo, por el momento nadie ha pedido la mediación de la Generalitat en las negociaciones. La primera reacción del conseller de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, al conocer la noticia fue proponer vías de salida para algunos de los 417 trabajadores que van a ir a las listas del Servei Català d’Ocupació. Una decisión que fue muy discutida. Tiraba la toalla en la defensa de la continuidad de la factoría de Palau.

Algunas alternativas, como el traslado financiado por Yamaha de un centenar de trabajadores catalanes hasta Saint Quentin, se están estudiando por parte de la empresa. Eso sí, parece ser que los asalariados prefieren que se refleje en aumentos en la indemnización.

Por otro lado, desde el departamento liderado por Mena han abierto la puerta a la secretaria de Ocupación, Esther Sánchez, para que comparezca en comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre su anterior vinculación con el bufete Baker & McKenzie, que representa a los empresarios japoneses. Así responden a la demanda de inhibición en este caso por parte del PSC, ICV-EUiA y ERC. Según ha podido saber Economía Digital, la relación laboral de Sánchez con el bufete que tramita el cierre se limitaba a dar clases una vez por semana a los abogados más jóvenes sobre novedades reglamentarias, sobre todo en derecho laboral, su especialidad en Esade.