El acuerdo entre Báñez y las agencias de colocación, en el aire

El acuerdo marco entre el Ministerio de Empleo y las agencias de colocación sigue en el aire. El Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto aprobó el pionero programa de colaboración público-privado que busca acelerar la inserción en el mercado laboral de los casi seis millones de parados.

En España hay cerca de 800 agencias registradas, pero al procedimiento sólo se han presentado 204. Aunque no todas han pasado el primer filtro. En base a la documentación, 134 han sido aceptadas y otras 70 han sido excluidas. A partir de aquí, se abre el proceso de reclamaciones. Fuentes del ministerio se han negado a concretar qué compañías han superado el corte y qué empresas no.

Proceso a medias

El secretario general de Adecco, Santiago Soler, señala que el simple hecho de que todavía puedan reclamar estas 70 compañías descartadas dilata la puesta en marcha del proceso. A ello se suma que todavía no se han valorado la solvencia técnica y económica de las admitidas a trámite.

Soler sostiene que antes de Navidad tiene que estar cerrado este acuerdo de colaboración que se establece, por primera vez, entre el ministerio y las agencias. “Con la tasa de paro actual, esto tenía que estar hace mucho tiempo”, lamenta.

Acuerdo con 14 comunidades

El servicio público de empleo estatal (Sepe) –el antiguo Inem– ha dotado el plan con 200 millones para un periodo de cuatro años. Pero no será el propio ministerio quien implante el programa. Serán las 14 comunidades autónomas que han dado respaldo al acuerdo de la ministra Fátima Báñez las que se encarguen de la puesta en marcha.

Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunitat Valenciana y Navarra fueron las que formalizaron su voluntad de aplicar los correspondientes convenios el pasado 24 de julio. El resto de comunidades no lo han rubricado.

Cada gobierno regional sacará a concurso planes de inserción laboral a los que sólo podrán aspirar las agencias de colocación previamente seleccionadas en el actual proceso. Así, las compañías especializadas pujarán por dar empleo a los parados españoles a cambio de una remuneración con fondos públicos.