EEUU, Coca-Cola y los Daurella frenan el impuesto sobre las bebidas refrescantes de Mas

El Govern de la Generalitat ha aparcado la iniciativa de gravar las bebidas refrescantes en Catalunya con un tributo específico. Fue una de las peticiones que ERC llevó a los pactos para dar apoyo parlamentario al Ejecutivo de Artur Mas. Otros tres impuestos medioambientales sí serán aplicados. La presión de la multinacional Coca-Cola y de la familia Daurella, máxima accionista de las empresas embotelladoras españolas, ha frenado las intenciones iniciales del gobierno autonómico.

La empresa estadounidense movilizó incluso al embajador de Estados Unidos en España, que mantuvo contactos con la Generalitat para subrayar la injusticia del impuesto, prácticamente inédito en el mundo, y la inseguridad jurídica que suponía para las inversiones americanas en suelo español.

Intervención de la patronal

También Anfabra, la patronal de sector, en la que también participa Pepsico, movilizó todos sus efectivos para la ocasión. Su director general, Josep Puxeu, ha sido un activista en los últimos meses en contra del impuesto y ha participado en diferentes conversaciones con miembros del Ejecutivo catalán y representantes de los partidos políticos que le dan apoyo.

La familia Daurella es la primera accionista del grupo embotellador de Coca-Cola con casi el 50% del capital. En algunos ámbitos se interpretó que la decisión de situar la sede central de la compañía en Madrid había soliviantado a algunos dirigentes de Esquerra Republicana (ERC). La presidenta ejecutiva del grupo, Sol Daurella, está esposada con Carles Vilarrubí, vicepresidente de Rostchild España y del FC Barcelona, además de ser un hombre de negocios próximo a las tesis de CiU.

20 millones de recaudación

El impuesto hubiera afectado especialmente a los embotelladores. El embotellador de Coca-Cola cuenta con importantes instalaciones fabriles en territorio catalán (hereda los centros de producción de Cobega). En los cálculos aproximados que se realizaron se preveía una recaudación de unos 20 millones de euros anuales.

La llamada ‘tasa del azúcar’ fue vista por los vendedores de refrescos como una agresión específica a sus negocios, ya que la razón sanitaria que la apoyaba podía ser aplicable a cualquier actividad alimentaria en la que el azúcar consiste una materia prima básica, como la bollería industrial, por ejemplo.

Dificultad legal y política

En la decisión de aparcar el impuesto por parte del Ejecutivo catalán también ha pesado la dificultad legal de sostener el citado tributo. La multinacional y las empresas afectadas, entre las que también se encontraba la catalana Sanmy, anunciaron su intención de litigar sobre esa tasa en todas las instancias jurídicas posibles.

La decisión de aparcar la nueva tasa coincide en el tiempo con el progresivo alejamiento de CiU de algunos postulados políticos de ERC, tal y como recuerdan algunos miembros del Govern de la Generalitat. No obstante, fuentes de la formación republicana señalan que proseguirán con su propósito de introducir el impuesto en 2014.