Dufry, SSP y Areas alegan riesgo de quiebra para no pagar a Aena con casi 3.000M de caja

Los inquilinos de Aena siguen luchando para evitar el pago del alquiler mientras el tráfico de pasajeros no vuelva a niveles pre pandemia. Pero hay una gran diferencia entre los pequeños comerciantes y los grandes grupos, el dinero en caja no es el mismo y la posibilidad de resolver el conflicto en los tribunales solo pueden hacerlo unos pocos.  

Aena, el gestor aeroportuario, hizo una oferta en enero para amortiguar el golpe de la crisis: rebaja del 100% de la renta a todos los inquilinos durante el primer estado de alarma, y descuento del 50% desde 21 de junio de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021. 

Esta decisión no gustó a los grandes ni a los pequeños, pero no todos tenían los medios para actuar. Así que los pequeños decidieron agruparse bajo la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), que reúne a 32 empresas del sector retail y de restauración, con el fin de presentar una demanda colectiva.  

Finalmente, la mayoría decidía aceptar las condiciones porque de lo contrario, Aena tenía que ejecutar los avales y no se lo podían permitir. Pese a ello siguen defendiendo que el alquiler de sus locales se debe adaptar al flujo real de pasajeros y que solo lo han aceptado porque no tienen recursos para litigar. 

La última información publicada por Aena (a cierre del primer trimestre) indica que 95 operadores comerciales han aceptado la propuesta realizada por Aena, lo que supone el 67,9% del total de contratos afectados. 

El caso es muy distinto si hablamos de grandes firmas como Dufry (que gestiona los Duty Free), el grupo SSP o Areas que suponen más del 40% de los ingresos de Aena. Estas firmas, que se dedican a gestionar franquicias tan conocidas como Burger King, Starbucks, Tim Hortons o Häagen-Dazs en toda la red de Aena, decidieron rechazar la oferta, de manera que la empresa ejecutó los avales, tal y como viene establecido en sus contratos. 

Los grandes grupos acumulan 2.880 millones en caja

Pero cuando llegó el momento de pagar parte de las facturas que corresponden a la RMGA -renta mínima garantizada anual- de 2020, estas compañías decidieron demandar. Solo estas tres acumulan 2.880 millones de euros en caja, según registran sus cuentas, es decir, que a diferencia de los pequeños comerciantes podían hacerlo.   

Sin embargo, estas compañías explican en sus respectivas denuncias que si pagan las rentas estarían en riesgo de insolvencia, quiebra y abocadas al concurso de acreedores, según la información a la que ha tenido acceso Economía Digital.  

La justicia se pone del lado de los grandes  

A estas alturas, los grandes van ganando la batalla pues la justicia ha decido suspender cautelarmente el cobro de las rentas hasta que se resuelva definitivamente este conflicto. De esta manera, el grupo suizo Dufry evita pagar, de momento, 320 millones de euros.  

El grupo Areas, que dispone de varios negocios en 19 aeropuertos en España (entre ellos, Burger King o Starbucks) otros 44 millones, y el grupo londinense SSP, que reúne unos 80 locales en 12 aeropuertos (como Tim Hortons, O’learys, o Häagen-Dazs), 111 millones. 

En sus demandas, consultadas por ED, estas firmas insisten en que si llevan a cabo el pago de estas rentas terminarán en quiebra, sin embargo, en sus cuentas reflejan una situación muy diferente. Así, SSP explica que pagar el 100% de la renta mínima garantizada para 2020 (39,4 millones) provocaría la insolvencia del grupo dejando su Ebidta en –40,7 millones de euros y acabaría con su tesorería. La salida de caja la cuantifican en –27 millones.   

Asimismo, insisten en que les sería imposible continuar con sus obligaciones del día a día, como el pago de salarios, lo que supondría la pérdida de 1.015 puestos de trabajo. Y que perjudicaría la continuidad de su negocio, lo que llevaría al concurso de acreedores. 

Sin embargo, SSP presentó sus cuentas recientemente y en ellas presumía de tener “una sólida posición de liquidez” de 843 millones de libras durante el mes de abril, esto son más de 900 millones de euros al cambio actual.  

En la demanda de Dufry, la empresa también asegura estar en riesgo de insolvencia pese a que en los resultados del último trimestre comunicó a sus accionistas tener una posición de liquidez de 1.905 millones de francos suizos, algo más de 1.700 millones de euros.  

Areas también ha defendido ante el juez que si paga lo que debe a Aena puede abocar a la compañía a un concurso de acreedores, con las graves consecuencias que ello conllevaría para su plantilla y demás proveedores. Y que la exigencia de la renta mínima garantizada y el cargo de las facturas tendría un grave impacto, hasta el punto de provocar su insolvencia. 

Esta empresa utiliza, junto al resto de compañías del grupo, una tesorería centralizada que contaba con 280 millones de euros en el mes de abril de 2020, fecha en la que publicó sus últimas cuentas anuales. A su vez, la firma cuenta con el apoyo financiero del propio grupo por lo que puede recurrir a financiación intragrupo, según reconoce en su solicitud de medidas cautelares. 

Con todo, la suma de sus posiciones de caja es clara, unos 1.700 millones de Dufry, 280 millones de euros de Áreas y algo más de 900 millones de SSP. Aena confía en que la justicia se ponga de su parte cuando llegue al fondo de la cuestión. En su último informe trimestral explica que “en esta fase del proceso, los órganos judiciales correspondientes no están considerando el fondo de la cuestión, sino únicamente la concesión o no de medidas cautelares”.  

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, la empresa que dirige Mauri Lucena ha sido emplazada ante los Juzgados con motivo de 32 demandas interpuestas por 18 arrendatarios.