División en Gobierno por el escudo antiopas: Calviño prioriza otras vías para frenar la salida de Ferrovial

El escudo antiopas afloró el domingo como una opción del Gobierno para frenar el traslado de sede social de Ferrovial a Países Bajos. Fueron unas declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que fueron seguidas de filtraciones que aseguraban que era una opción real y que el Ejecutivo lo estaba analizando. Pero Nadia Calviño no está estudiando esa posibilidad y analiza otras vías. 

El Ministerio de Economía, junto con la CNMV, está centrada en el análisis técnico de la salida de Ferrovial, que consiste en una fusión inversa con la filial neerlandesa, y de sus argumentos, para ver si la operación se ajusta a la ley. Y la propia Calviño aseguró el lunes que “los análisis técnicos de la CNMV arrojan serias dudas sobre los argumentos” del grupo presidido por Rafael del Pino para justificar la salida de España. 

Es por ello que, según fuentes de Economía, esa es la vía prioritaria de estudio y actuación para evitar el cambio de domicilio social de una empresa del Ibex en año electoral. El uso del escudo antiopas no está ahora mismo encima de la mesa de la vicepresidenta primera y, de hecho, ni se ha tanteado su uso, lo que contrasta con el mensaje lanzado desde otras sedes gubernamentales. 

Calviño parece que ha moderado su dureza contra la compañía después de las declaraciones de su portavoz, Juan Francisco Polo, este martes en RTVE. La ministra valoró positivamente que Ferrovial aclare que no hay inseguridad jurídica en España, por lo que ese aspecto «no justifica el movimiento de esta empresa ni de ninguna otra fuera de España».  

Polo también aseguró que Ferrovial “no tiene que pedir permiso” al Gobierno para el cambio de sede al considerar que no le aplica la ley antiopas, pues el grupo no es objeto de una oferta pública de adquisición de acciones sino que se trata de una operación intragrupo. Ese mensaje ha calado en Economía, que estaría dando como válido, por lo que no parece que vaya a abrir esa vía si no cambia de opinión. 

Existen muchas dudas sobre el uso de esta herramienta. Los abogados consultados creen que sería “forzar demasiado la ley” utilizar el escudo antiopas para frenar la salida de Ferrovial, pues no se trata de una empresa extranjera que compra una española sino que es una operación entre sociedades de un mismo grupo empresarial controlado por la misma familia. “La ley no se hizo para esto”, añadió Jorge Puig, socio del departamento de mercantil de Net Craman. 

El escudo antiopas se aprobó en 2020 para evitar que compañías y fondos de inversión extranjeros pudieran comprar empresas españolas aprovechando que pasaban un mal momento y cotizaban muy por debajo de su valor habitual por la pandemia. Cualquier oferta debía pasar por el Gobierno y ser aprobada por el Consejo de Ministros en un máximo de seis meses. El año pasado, se suavizó pero se mantuvo para empresas estratégicas, algo ambiguo, hasta finales de 2024, por lo que la razón original que daba sentido a la ley parece ya desdibujada. 

Economía desconfía de las razones de Ferrovial

Economía estudia los argumentos de Ferrovial y su discurso está claro: «Las razones que se han esgrimido públicamente no se sostienen. Los análisis técnicos que se están realizando no parecen dar sustancia a los argumentos y por eso prima la impresión de falta de compromiso con su país», dijo la vicepresidenta primera del Gobierno este lunes. 

El grupo aseguró que la decisión de trasladar la sede social y fiscal a Países Bajos se tomó para potenciar su crecimiento, pues considera que ganará visibilidad de cara a los inversores y tendrá más fácil captar talento y empezar a cotizar en Nueva York, y para abaratar su financiación. Ferrovial tiene una deuda alta y estar en un país con calificación AAA haría que lograse mayor financiación y con un coste menor. 

Calviño argumentó que podría haber ido a otros países, como Alemania, si lo que persigue es la máxima calificación de las agencias de rating. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez existe el convencimiento de que los Del Pino quieren ahorrar impuestos, pues, pese a que el tipo de sociedades es muy similar, las exenciones fiscales sobre los dividendos recibidos sí que son mayores. Banc Sabadell calculó que se ahorraría 40 millones al año. Además, en los últimos años ha tirado de créditos fiscales para pagar muy poco por los beneficios –solo 9 millones en 2022—- 

Lo cierto es que paga mucho más. El año pasado, 282 millones, de los que 117 millones de euros fueron por impuestos sobre el trabajo, el IVA no deducible o gravámenes locales, mientras que 156 millones fueron recaudados y pagados a las finanzas públicas por cuenta de terceros, como los impuestos al trabajo que pagan los empleados pero recauda la empresa, el IVA deducible o retenciones. Los 9 restantes son sociedades. 

Por tanto, seguirá pagando buena parte de dichos impuestos, pues mantiene la estructura existente en España, con 5.413 empleados y 13.000 proveedores. Solo la mitad del comité de dirección, unas diez personas, por obligación legal, y otra decena de ejecutivos se trasladarán a Países Bajos. Los planes de Ferrovial pasan porque la junta de accionistas, que se celebrará en primavera, apruebe la operación para estar cotizando en Amsterdam en junio.