DIA ya fue condenada por sus polémicos acuerdos con proveedores

A falta de que tomen declaración los implicados en el juicio de DIA que todavía no han hablado, queda mucho tiempo para que se esclarezcan todos los detalles en la Audiencia Nacional. Una de las maniobras contables de la compañía que levanta muchas dudas son sus acuerdos con proveedores, que ahora se investigan si fueron uno de los puntos de partida para el maquillaje contable. Lo cierto es que estas negociaciones ya han sido examinadas con anterioridad en otras instancias judiciales y el resultado ha sido desfavorable para la cadena de supermercados. 

Así lo revela una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se analiza la denuncia que un proveedor interpuso contra la sociedad Distribuidora Internacional de Alimentación, sociedad matriz de DIA. En la documentación consultada por Economía Digital, la bodeguera BODEGAS VALORIA S.L reclamó facturas adeudadas por DIA por valor de 68.000 euros. La compañía proveedora de vino ganó por primera vez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Majadahonda el 25 de marzo de 2019, si bien volvió a ganar en la Audiencia Provincial cuando DIA presentó un recurso de apelación.

Este medio contactó con DIA para conocer el estado del proceso judicial, pero la compañía no contestó al cierre del artículo.

Problemas en los descuentos por compras

La discrepancia por el dinero adeudado no estaba en los cargos facturados («no es negado que los precios de los productos estuvieran pactados y no se discute la procedencia»), sino en los acuerdos que DIA quiso alegar para compensar el pago final. «La importancia fundamental de determinar la aplicación o no de las plantillas radica en las compensaciones que la parte apelante (DIA) pretende realizar a algunas de las facturas reclamadas», expone la sentencia.

¿Cuáles eran estos conceptos? Publicidad, servicio descarga de camión y los rappel, como así se denominan a los descuentos comerciales que se obtienen cuando se alcanza un determinado volumen de compras. Se trata, en esencia, de descuentos concedidos por proveedores que DIA ha utilizado en los últimos años — como prueban sus cuentas anuales (página 32)—  y que se reconocen en el momento en el que es probable que se vayan a cumplir las condiciones que determinan su concesión.

Una de las razones por la que la que la juez falló en contra de DIA es que la declaración de la testigo, que era la persona encargada de las compras en la mercantil apelante (DIA), «no puede considerarse suficiente a los efectos de considerar acreditada la obligatoriedad del pago por la parte apelada (BODEGAS VALORIA S.L) de los conceptos que se quieren compensar». Todo ello cuando, además, no se justificó «su efectiva realización y las partidas o conceptos que se incluyen, cuestión que es especialmente relevante respecto de los rappel, al ignorarse sobre los productos o periodo que se aplica».

Las plantillas investigadas en la Audiencia Nacional

¿Qué relación guardan las plantillas con la investigación abierta en la Audiencia Nacional? Los indicios apuntan a que las plantillas eran una de las herramientas que utilizaba la compañía y que, de acuerdo a la información judicial consultada, habría servido para que DIA trucara las cuentas y las descuadrara hasta en 50 millones de euros, sumando otras irregularidades.

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Estas prácticas irregulares fueron confirmadas hace una semana por Susana Pagés, ex directora de compras de la central Red Libra, con la que DIA trabajaba junto a Eroski hasta que rompieron su relación comercial. A día de hoy, ambas cadenas se reclaman mutuamente por este motivo entre 40 y 60 millones de euros.

Pagés explicó que cuando ella utilizaba estas plantillas en 2017 terminaba cobrando a determinados proveedores un 15% más, pero prometiéndoles que compensarían ese aumento en el año siguiente (2018). Pagés añadió sentirse presionada para llevar a cabo estas prácticas, algo que desmintió el propio Currás días después.

El relato judicial

El uso cuestionable de las plantillas fue denunciado por la plataforma de afectados de DIA, del despacho de abogados Gesico. «El mayor impacto (en las cuentas) proviene de la sobreestimación de los descuentos aplicados a proveedores, conocidos en el argot como rappels. Fue precisamente este desfase contable el único que reconoció la compañía al inicio de la crisis, sin aclarar si se debía a errores de gestión o de conductas fraudulentas», reza la querella.

El auto de imputación de Currás emitido por la Audiencia Nacional en enero, en el que se analiza el esquema utilizado por la central de compras Red Libra, es claro al respecto. El juez relata que en 2017 Currás impartió órdenes de provisionar en una cuenta del activo ingresos por cargo de proveedores en una cantidad que «no guardaba relación alguna con las cifras que se encontraban establecidas por el coste neto de negociación y por el volumen de la misma».

El auto de imputación señala los acuerdos con proveedores como punto de partida para manipular las cuentas

Esta cantidad conllevaba aumentar los ingresos de DIA en 2017, pero también, en teoría, «debía encontrar su apoyo contable en los provisionamientos de estos proveedores del ejercicio siguiente (2018)». Dado que las cantidades provisionadas se hicieron sin tener en cuenta la plantilla de compras negociadas por Red Libra, se dieron varias indicaciones a Pagés.

La principal, que se aumentase el coste neto de adquisición en un 15%, como reconoció ella misma esta semana en sede judicial. «Tal aumento de costes netos de adquisición eran necesarios para poder cuadrar contablemente las provisiones realizadas en 2017».

El papel de KPMG

Siguiendo el relato de Abascal, la consultora KPMG, auditor externo de DIA durante más de 20 años, detectó la práctica irregular, lo que movió al equipo directivo de DIA.

Fue uno de los directores comerciales, Luis Martínez, quien, por orden de Currás, dio nuevas instrucciones a Pagés: ponerse en contacto con ocho proveedores que también estaban siendo auditados por KPMG para que firmasen las nuevas plantillas utilizadas con el aumento del 15%.

El auto expone que dos de los proveedores se negaron, uno puso condiciones y los otros cinco aceptaron. El resultado final: las cuentas anuales de 2017 presentaban 21,7 millones en ingresos que no se correspondían con la realidad comercial de la compañía.  

La justicia examina ahora cuál es el alcance de la responsabilidad de la auditora externa. El socio de KPMG que supervisaba las cuentas de la compañía, Carlos Peregrina, deberá declarar próximamente en la Audiencia Nacional como querellado. El informe forense de EY le exculpa de lo sucedido pero la asociación de afectados de DIA considera que el auditor externo fue un colaborador necesario.