DIA deja a su ex CEO sin finiquito por las sospechas de delitos

La cadena de supermercados DIA acaba de sancionar a su exconsejero delegado, Ricardo Currás, al tomar fuerza las sospechas de actuaciones delictivas en la cúpula de la empresa. La empresa, que intenta rehacer su futuro mientras esquiva la sombra de la quiebra, ha decidido suspender los pagos que debía a Ricardo Currás, el exconsejero delegado que llevó al abismo a la compañía y que fue despedido en agosto del año pasado.

DIA tiene la obligación de pagar a Ricardo Currás unos 50.000 euros mensuales durante los doce meses posteriores a su despido. Se trata de una condición firmada en el contrato del anterior consejero delegado por la que la compañía le recompensa económicamente para evitar que su directivo despedido haga competencia directa a la empresa o fiche a parte del equipo.

Se trata de una especie de “finiquito en diferido”, además de los 2,8 millones de euros que Ricardo Currás cobró en concepto de salario y otros beneficios el año pasado, que finalizó de forma abrupta con su despido fulminante. Se trata de la cláusula de “no competencia post-contractual”, estipulada en su contrato y en la política de retribuciones de la compañía.

Posibles delitos económicos en DIA

DIA comenzó a pagar dicha cantidad, pero tras dos meses de abonos, decidió interrumpirlos. La compañía no sólo sospecha que el ex consejero delegado cometió graves irregularidades que afectan el patrimonio de la empresa, sino que también ha visto posibles indicios delictivos que puso en manos de la fiscalía el viernes pasado.

DIA parece convencida de que Currás no sólo fue un pésimo gestor empresarial sino que su administración perjudicó de forma premeditada a la compañía en beneficio propio. Por ese motivo, sólo pagó dos mensualidades a Currás por esa cláusula: un total de 101.100 euros. Y de inmediato cortó los pagos con el ex directivo que ahora está siendo investigado por los compañeros que le habían apoyado hasta el año pasado.

Ahora, el comité de nombramientos y remuneraciones (CNR) integrado por tres consejeros de la empresa investiga las irregularidades y los posibles delitos económicos cometidos por Currás y su cúpula.

Lo llamativo es que cuatro de los consejeros que ahora investigan a quien fue el hombre de máximo poder en la empresa dieron su aval a la anterior gestión: se trata de Mariano Martín Mampaso, Antonio Urcelay Alonso y Richard Golding (todos consejeros de DIA desde 2011) y Angela Spindler, nombrada en 2016. Ahora, los cuatro directivos tendrán que proponer al consejo de administración las conclusiones de las presuntas irregularidades cometidas con Ricardo Currás y su círculo de confianza.

Con la suspensión del finiquito por diferido, DIA se ha ahorrado medio millón de euros. Ahora, la compañía emprenderá acciones legales para intentar la devolución del dinero que considera que Currás cobró de forma irregular.