Deutsche Bank y los fondos toman las riendas de Celsa: aseguran la actividad y analizan la entrada de un socio
Los nuevos dueños de la siderúrgica se comprometen a apoyar la financiación del día a día de la empresa y ya piensan en los nuevos consejeros
Exterior de la fábrica Celsa de Castellbisbal (Barcelona). EFE
Los fondos acreedores ya pueden tomar el control de Celsa. La sentencia emitida este lunes por el juzgado mercantil número 2 de Barcelona pone punto y final a la pugna entre la familia Rubiralta, los fundadores y hasta ahora propietarios de la siderúrgica, y las corporaciones tenedoras del 90% de su abultada deuda. El magistrado ha avalado los planes del sindicato de acreedores, que capitalizará 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda jumbo y se convertirán en los nuevos dueños del gigante catalán del metal, mientras que alargarán el vencimiento de la deuda restante.
Sin embargo, ahora se abre una nueva página en la historia de la empresa, con un proceso que no será corto ni sencillo, sobre todo si el Gobierno se decanta por activar el conocido escudo antiopas. Por ahora, el juez ha ordenado a Lexaudit, el experto que actúa como mediador en el caso, iniciar todos los trámites para efectuar el traspaso de la propiedad.
Por su parte, Deutsche Bank, Scluptor Investmetns, Cross Ocean y el resto de fondos internacionales involucrados analizan la entrada de un socio, mientras mantienen que los cambios en la estructura de la compañía no van a afectar al día a día de los más de 100 centros de trabajo que la empresa tiene por todo el mundo.
Tal y como ya explicó Economía Digital, los acreedores han puesto sobre la mesa la posibilidad de vender parte del capital obtenido después de ejecutar el plan de reestructuración a una empresa industrial conocedora del sector que se encargue de la operativa diaria. Los nuevos dueños de Celsa son entidades financieras, desconocedoras del sector del metal, por lo que es probable que dejen la gestión cotidiana de la corporación en manos de expertos de la siderurgia.
De hecho, en un comunicado emitido después que se diera a conocer la decisión del juez, el grupo de inversores explica que ya está pensando en el nuevo consejo de administración y está buscando de «perfiles muy respetados y de categoría mundial que ayudará a maximizar el potencial de la empresa». «Algunas de las prioridades clave del nuevo consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla en un líder europeo del sector, salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar una sólida gestión financiera», añaden. Durante el juicio, ya afirmaron que su intención es que el consejo esté formado por candidatos con perfil industrial, que se encargarían de diseñar el nuevo plan industrial de la corporación.
Volviendo al posible socio industrial, su entrada mataría dos pájaros de un tiro, ya que podría evitar el bloqueo del Gobierno, en caso de activar el escudo antiopas, el sistema de control de las inversiones extrajeras. Los inversores fuera de la Unión Europea deben de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros si quieren capitalizar más de un 10% de empresas consideradas estratégicas, y entre los fondos de Celsa hay una fuerte presencia de corporaciones alemanas, pero también de otras procedentes de Luxemburgo, como Sculptor Investments, o de Estados Unidos, con Golden Tree.
De no conseguir un socio, también existe un plan B, consistente en vender pequeños paquetes de deuda a inversores comunitarios, algo que ya hizo Goldman Sachs, incluso antes del juicio.
Prometen mantener la actividad
En cualquier caso, los fondos acreedores han reiterado en los últimos años que están comprometidos con la actividad industrial de Celsa. En el comunicado, aseguran que, con la reducción de la deuda derivada del plan de reestructuración se «mejora la viabilidad del grupo», algo que «permitirá centrarse en su gestión operativa en un momento muy delicado del ciclo económico».
«De acuerdo con lo previsto en el plan, los bancos titulares de la deuda de capital circulante apoyarán la financiación del capital circulante y el día a día de la empresa», añaden mientras recuerdan que su hoja de ruta es una «solución privada» que no requiere de los 550 millones de euros procedentes del rescate de la SEPI aprobados hace más de un año.
De hecho, durante las vistas del juicio celebradas a principios de julio, los representantes de los acreedores reiteraron que todo este procese es una «reestructuración financiera», por lo que no prevén «ni cierres de plantas ni deslocalizaciones».
