El cobrador del frac de las ‘telecos’ se estrella en los juzgados
El Tribunal Supremo da otro tirón de orejas a Altaia Capital, empresa especializada en comprar deuda por impago a las teleoperadoras
El cobrador del frac ya no es solo una persona vestida de negro y con maletín. Los responsables de haber transformado esa figura son las empresas de recobro de deuda. Pero su rol sigue siendo el mismo: insistir a alguien que debe dinero para que pague y, con según qué formas, apremiarle para que lo haga cuanto antes. ¿Y quienes las utilizan? Muchas empresas, entre ellas las de telecomunicaciones, como Orange y Vodafone, que venden la deuda por impago de sus clientes.
El polémico modus operandi de las empresas de recobro ha terminado en los juzgados. Hace un mes volvió a suceder: la empresa Altaia Capital reclamaba ante el Tribunal Supremo e interponía un recurso de queja por no admitirle el recurso de casación que trataba de revocar una sentencia, por la que la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le impuso una sanción de 120.000 euros y la tipificó como grave.
Altaia fue condenada por comprar la deuda de un cliente de Orange e incluir sus datos personales en el fichero de solvencia patrimonial Asnef, en el cual se recogen los datos de todas aquellas personas que están en situación de impago, sin tomar las precauciones necesarias.
Su queja no tuvo recorrido. «No puede prosperar», dejaba escrito el auto del Tribunal Supremo el pasado 25 de octubre ante la solicitud de la empresa de recobro de deuda para que se aceptara su recurso de casación contra la sentencia condenatoria.
Altaia Capital, una empresa con mala fama
Altaia Capital, que en su página web se define como un fondo de inversión especializado en la adquisición de deuda impagada en sectores relacionados con el crédito y el consumo, se ha ganado la fama de ser una empresa con unos modos más que cuestionables.
La búsqueda del nombre «Altaia Capital» en internet da como resultado distintas entradas que cuentan que la empresa se pone en contacto con los supuestos morosos con malos modos. «Acabo de recibir una llamada de Altaia Capital de un chico un tanto chulo, reclamándome una deuda con Orange que ha sido vendida a ellos» [leer aquí], explica un usuario en un foro en el que se habla de esta empresa.
Otras quejas se han plasmado en las redes sociales:
Donde queda la protección de datos? @orange_es me llaman a cualquier hora incluso a las 6 am cobrando algo q no debo #AltaiaCapital pic.twitter.com/3DFMjxvqTH
— Elizabeth de Reyes (@Ellyza28) February 10, 2017
Mi experiencia con los matones de Altaia Capital. Porque seguro no soy el único. pic.twitter.com/Bsi1aDUQC8
— Pep Jimenez (@pepjimenez83) January 27, 2017
Acabo de exigir a Altaia Capital que deje de acosarme por una deuda de un 3º al que desconozco. La proxima vez seran denunciados por LOPD
— David Avellaneda (@Davellanedar) March 9, 2017
Llamar a Altaia Capital por una deuda inexistente de @orange_es que te digan que no disponen de datos a tu nombre, decirles que no vuelvan a molestarte y que son una vergüenza de empresa y que te contesten que la vergüenza es deber dinero tantos años @consumidores @facua pic.twitter.com/Q0aQBmEkfl
— Sangarvi (@sangarvi) March 15, 2018
La insistencia de las empresas de recobro y las compañías de telecomunicaciones es habitual. Civio destapó a principios de año que una importante parte de las reclamaciones que llegan a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se debe a la introducción de información personal de clientes en ficheros de morosidad. Es el motivo de queja más recurrente junto a la contratación fraudulenta.
Estas empresas campan a sus anchas, según algunos expertos, por la regulación. «España es el único país de la Unión Europea, junto con Portugal, que no posee una normativa específica en materia de recobro», explicaba a El Mundo en 2017 Pere Brachfield, experto en la lucha contra la morosidad y gestión del riesgo de crédito. «En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley federal que dictamina las horas a las que se puede llamar a un teórico moroso», añadía.
De España a Luxemburgo
Altaia Capital tiene en su web un apartado postal de correos en Madrid, en la zona de Majadahonda, aunque no especifica dónde tiene sus oficinas. Lo que está claro es que su centro de operaciones no está en España, sino en Luxemburgo.
La sociedad que presta servicio es Altaia Capital SARL, domiciliada en Avenue Monterrey, en el centro de Luxemburgo. Esta empresa fue creada por EuroAltum Credit, también en Luxemburgo y que a su vez tiene como dueño a otra sociedad: Altum European Traiding SPC, con domicilio social en Islas Cayman.
Sus últimas cuentas depositadas, referidas al 2018, reflejan que el administrador de la empresa es ahora la luxemburguesa Saltagate SA. Esta compañía fue constituida en 2017 por otra de nombre casi similar (Saltgate Limited) y radicada en St Helier, uno de los doce distritos en los que se dividen las islas de Jersey.
Otro caso: TTI Finance
Ni Orange es la única compañía que se apoya en este tipo de empresas ni solo Altaia es la que presta este tipo de servicios. Las resoluciones que publica la AEPD revelan casos similares con otros operadores.
Un caso claro es TTI Finance, empresa que también está domiciliada en Luxemburgo y, de acuerdo a su propia documentación, fue constituida también en las Islas Cayman. Fue creada hace más de seis años por la sociedad TTI SPC, en George Town, la capital de este país caribeño.
TTI Finance aparece en la AEPD como empresa que trabaja con Vodafone
La resolución, consultable en la AEPD y que se cerró con archivo del caso, está fechada en el año 2014. El denunciante señalaba que sus datos personales fueron incluidos en Asnef «por el impago de 37,12 euros por un producto financiera de “telecomunicaciones” sin que le conste tener ninguna factura pendiente de pago con ninguna operadora de telefonía». La deuda, según la resolución, fue cedida por Cableuropa SAU (actualmente Vodafone Ono SAU).
TTI Finance también presta servicios a otras empresas. Un ejemplo es el que denunció Facua en mayo, cuando contó que este fondo exigió a un usuario 8.700 euros de una deuda anulada por un juez cuatro años antes. La cantidad correspondía a un crédito vinculado a la compra de unos muebles que nunca le entregaron al cliente porque la tienda quebró.
