La denuncia de Agbar a la vieja cúpula de Cassa, vista para sentencia

Apenas un año y medio después de tomar el control de Aigües de Sabadell (Cassa), Agbar vio un agujero en las inversiones de la compañía en Cabo Verde. Las investigaciones señalaron a cinco antiguos directivos por un presunto daños de 3,4 millones de euros, que ya esperan sentencia en el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona.

Según explican fuentes judiciales a Economía Digital, el magistrado Javier Fernández ultima la resolución por la acción de responsabilidad abierta contra Xavier Bigatà, ex presidente de Cassa y consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1983 y 1988, y otros cuatro ex directivos: Miguel Ángel Fos, director general; Carlos Casas, director adjunto económico; Paulo García, director adjunto; y Pere Fonolleda, representante de Caixa Sabadell.

En 2015, Agbar encargó un informe al despacho Cuatrecasas para investigar las presuntas irregularidades, que terminaron por comprender inyecciones de capital a la filial caboverdiana Águas e Energia da Boa Vista (AEB), préstamos a largo plazo, facturas de origen dudoso, venta de mercancía y subrogación de la deuda con algunos proveedores.

Agbar encargó a Cuatrecasas en 2015 que investigara irregularidades en Aigües de Sabadell

Las sospechas parten desde junio de 2010 y también abarcan activos sobrevalorados en la contabilidad de la filial y obras realizadas por empresas de los directivos a precios por encima del mercado. De hecho, el importe presupuestado para las actuaciones era de 15,6 millones de euros pero acabó por ascender a 19,7 millones de euros.

Todo, presuntamente, con el conocimiento del consejo de administración de Aigües de Sabadell. Sin embargo, no fueron comunicados a la totalidad del grupo, tal y como informó Economía Digital en su momento.

Una operación de 24 millones de euros

Agbar se hizo con el 77,71% de Aigües de Sabadell tras lanzar una oferta pública de adquisición (opa) en verano de 2013. La filial de Suez desembolsó 24,16 millones de euros tras pagar 60 euros por acción y convencer al 64% del capital. De este modo, la empresa presidida por Ángel Simón pasó a compartir accionariado con el Ayuntamiento de Sabadell, que mantuvo el 20%, y minoritarios.