Currás impide el acuerdo entre la antigua cúpula de Dia y los minoritarios perjudicados por su gestión

El proceso contra la antigua cúpula de los supermercados Dia por presunta falsedad contable podría tener los días contados de no ser por Ricardo Currás, exconsejero delegado y principal investigado en la causa. El resto de los acusados verían con buenos ojos un pacto que, además, les saldría gratuito porque sería la cotizada la que debería pagar a los accionistas minoritarios afectados por la manipulación de los estados financieros. No obstante, el dirigente se juega varios millones de euros en bonos en este procedimiento.

Fuentes cercanas al procedimiento explican que en los últimos meses hubo algunos intentos de acercamiento entre los minoritarios y los acusados para saldar el conflicto con un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, añaden que todas las tentativas fueron abortadas por el equipo legal de Currás.

Los dirigentes Amando Sánchez Falcón, Luís Martínez Gallardo, Antonio Arnánz Martín y Juan Cubillo, así como los nuevos imputados de la Comisión de Auditoría, Borja de la Cierva, Richard Golding, Juan María Nin, María Luisa Garaña y Julián Díaz son conscientes del precedente sentado por la investigación del caso Pescanova y su auditor BDO, que guarda relación con la presumible falsedad contable orquestada por la dirección de Dia en 2016 y 2017 de la que KPMG no avisó.

En octubre, el Tribunal Supremo sentenció a la cúpula de la firma alimentaria con condenas de hasta ocho años de cárcel –en el caso del expresidente—por falsear las cuentas para captar inversores. En el caso de los supermercados, eso sí, las cantidades posiblemente defraudadas son una pequeña parte: 160 millones contra alrededor de cinco millones.

Currás demandó a Dia para cobrar su finiquito. Pactar significaría admitir que obró mal y renunciar al cobro

Encima el pacto le saldría gratis a los directivos. Sería Dia el que haría frente al pago a los accionistas minoritarios, que vieron como sus títulos se devaluaron cuando se conocieron los errores en las cuentas. Además, evitarían las condenas, aunque la posibilidad de que entren en la cárcel parece todavía remota.

El principal problema es que existe un procedimiento cruzado con el que investiga el juez Alejandro Abascal en la Audiencia Nacional. Hace más de un año, Currás demandó a la cotizada por el pago de su finiquito y varios bonos. El caso se encuentra en el juzgado de primera instancia número 48 y, según explican fuentes del proceso, está a la espera de la Audiencia para emitir una sentencia.

De hecho, Vozpópuli informó hace semanas que Dia intentó en varias ocasiones que varios testimonios y pruebas se trasladasen de la Audiencia Nacional al juzgado de primer instancia. El interés se centró especialmente en la declaración de Eduardo Manso, director de informes financieros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el hombre que hizo el informe sobre las irregularidades detectadas en los supermercados.

Pactar con los minoritarios implicaría que Currás aceptaría su culpabilidad. Por lo tanto, daría la razón indirectamente a su antigua empresa en la batalla que mantiene por el cobro de su finiquito, que rondaría los tres millones de euros.

Habría algún otro directivo que podría estar en la misma situación, pues fueron varios los que demandaron a la compañía por el mismo motivo. Como explicó Economía Digital en diciembre, se toparon con un muro: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó las peticiones y falló en contra de los dirigentes. Los ejecutivos guardaban todavía la posibilidad de recurrir a una instancia superior.

El juicio contra la antigua cúpula de Dia, a grandes rasgos

Dirigentes y miembros de la Comisión de Auditoría están investigados en la Audiencia Nacional acusados de administración desleal y falsedad contable por haber incrementado los ingresos de la compañía en 51,8 millones de euros para cobrar su bono variable.

Junto al exdirectivo destaca Amando Sánchez, el que fue hasta 2018 su número dos. Fue director financiero de la cadena de supermercados durante más de dos décadas y fue suspendido de empleo y sueldo tras la llegada de Letterone, el fondo de inversión del magnate ruso Mikhail Fridman, que hoy controla la cotizada.

La investigación se inició después de una querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios asesorada por el bufete Gesico y también está personada la principal asociación de franquiciados de la organización, Asafras.