Los críticos de Iberpotash exigen que se cumpla el cierre de su escombrera
El juez cita a las partes del conflicto de Iberpotash un día antes de decidir si concede una moratoria a la empresa minera
La CUP y los ecologistas sostienen que la empresa minera Iberpotash sigue contaminado. Entienden que se debe cumplir a rajatabla la sentencia judicial que ordena el cierre de la escombrera salina del Cogulló (Barcelona) este 30 de junio. Un día antes del plazo fijado, este mismo jueves, el juez ha convocado a todas las partes a una vista para decidir si confirma la clausura o les concede una moratoria de un año y medio, hasta principios de 2019.
Fuentes de las entidades que exigen el cierre del Cogulló precisan que en la vista judicial de este jueves no estará ni la CUP ni la plataforma ecologista Prou Sal porque no están personadas en el proceso. Han puesto a la empresa minera contra las cuerdas en otros pleitos, pero no están en este. Por parte de los demandantes, únicamente figura una asociación vecinal de Sallent y, por parte de la defensa, comparecerá Iberpotash y la asociación empresarial Prominería.
Desde las entidades críticas se insiste en el argumento de que Iberpotash sigue contaminando al engordar sus escombreras. Recuerdan que, hace tres años, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concedió a Iberpotash una moratoria que expira este 30 de junio. Argumentan que la empresa no ha cumplido su compromiso y que, durante este tiempo, ha continuado contaminando. Insisten en que podía haber iniciado el relleno de las galerías de su mina de Sallent con los residuos del Cogulló, pero no lo ha hecho.
Iberpotash mantiene que necesita seguir utilizando esta escombrera hasta principios de 2019, cuando cerrará la mina de Sallent para centrar tota la explotación minera en la de Súria. Asegura que en esa fecha habrá finalizado las obras de acceso a esta última mina (una rampa de cinco kilómetros que desciende a una profundidad de 900 metros) que acumulan unos retrasos de cerca de dos años. Fuentes próximas a la empresa confían en que el juez les conceda la moratoria. Indican que necesitan la escombrera para mantener la actividad minera en Sallent y sus 600 puestos de trabajo directos.
Inversiones de la Generalitat
Desde las entidades opositoras se considera un “chantaje” que la empresa amenace con recortar puestos de trabajo. Recuerdan la existencia de dos atestados de los Mossos d’Esquadra presentados ante el TSJC en abril del pasado año sobre las deficiencias ambientales de las minas de Sallent y Súria. En uno de estos informes, se apunta que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha invertido más de 128 millones de euros en obras para reducir la salinidad en la cuenca del Llobregat. Entienden que el costo debería corresponder a la empresa y no a la Generalitat.
El parlamento catalán salió hace unos días en auxilio de Iberpotash al posicionarse a favor de la moratoria. Todos los grupos votaron a favor, con la excepción de la CUP. Anna Gabriel, diputada de esta formación, se posicionó por el cierre de la escombrera. Gabriel es nieta y biznieta de mineros de Sallent y fue concejal hasta 2011 en esta localidad. Si el juez ordenara el cierre del Cogulló, pondría en un aprieto al alcalde de esta localidad, David Saldoni, miembro de la ejecutiva del Pdecat. Al tratarse de una cuestión urbanística, le correspondería ordenar el cierre.
