Cuatro grandes marcas pagan a BCN para tener el monopolio de la playa

Los propietarios de los chiringuitos de Barcelona acusan al ayuntamiento de interferir en el libre mercado y obligarles a comprar las marcas que han pagado un precio por su exclusividad. Los locales de las playas tienen la obligación de comprar cervezas a Damm, refrescos a la embotelladora Cobega (la catalana de Coca Cola), aguas a Aquabona-Cobega y helados a Frigo.

Las marcas han pagado al ayuntamiento el derecho a vender sus productos en exclusiva en la playa y los ganadores de la concesión del chiringuitos están obligados, por contrato, a comprarlas. Los inspectores municipales revisan constantemente las neveras de los chiringuitos para certificar que sólo contengan productos de las marcas exclusivas, según explican los titulares. De lo contrario, son sancionados, tal como establece el contrato de concesión

En el último concurso para lograr la exclusividad de venta en las playas, la compañía de helados Frigo pagó unos 300.000 euros por tener el monopolio de la venta de helados en primera línea de playas, según ha podido saber este diario. Las propuestas se hacen en sobre cerrado y las marcas con una puja más elevada, obtienen la exclusividad.

El ayuntamiento ha aclarado que el sistema, llamado “homologación de marcas”, está vigente desde hace unos 15 años y los contratos se renuevan cada cuatro años.

Cuatro veces más que en la Rambla

Los elevados pagos por obtener la exclusividad hacen que los cuatro proveedores inflen sus precios en la playa y cobren hasta cuatro veces más por sus productos que en el resto de la ciudad. “El barril de cerveza en la Rambla se llega a vender hasta a 30 euros mientras que en la playa, como no tenemos competencia y estamos obligados a comprarle a Damm, nos la venden a 120 euros”, explica el propietario de un chiringuito.

La asociación de chiringuitos de Barcelona ha formulado una impugnación a las nuevas licitaciones de locales que también tendrán precios regulados: las cervezas y refrescos costarán, como máximo, 2,8 euros, la botella de agua, 1,5 euros y los bocadillos calientes, 4,5 euros, según detalló la abogada del gremio, Laura Requejo. El ayuntamiento asegura que la fijación de precios se establece, también desde hace algunos años, para evitar tarifas abusivas.

Pero ahora, con menos ventas, los comerciantes interpretan que la tabla de precios es una intervención en el libre mercado y que hace que los negocios dejen de ser rentables. “Ya teníamos precios máximos y exclusividad otros años, pero esta vez los márgenes son muy limitados”, explicó otro encargado.

El colectivo también se queja de las nuevas condiciones: se prohíben las planchas y se acaba la música.