Cuatro empresas acapararon el 10% del dinero adjudicado para emergencias en 2020
Las administraciones públicas concedieron 6.445 millones a través de contratos de emergencia a empresas relacionadas con el suministro sanitario. Pero también se colaron concesiones para piscinas, televisiones públicas o para fomentar el turismo
Un avión de carga fletado por el Ejército del Aire para traer material sanitario a España./ EFE
Cuatro empresas acapararon el 10% que adjudicaron las administraciones públicas para casos de emergencia en 2020. En total, se repartieron 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones de euros. Y de esta cantidad, 637 millones fueron para tan solo cuatro compañías: FCS Select Products, Hong Kong Travis Asia, Barna Import Médica y Abbot.
Según una investigación realizada por Civio, la más beneficiada en este reparto fue FCS Select Products, una firma con sede en Barcelona y delegación en China dedicada a las bebidas energéticas. Al irrumpir la pandemia de coronavirus esta empresa se transformó y se convirtió en el principal proveedor de material sanitario del Gobierno.
A través de cuatro contratos firmados con el Ministerio de Sanidad, la firma se encargó del transporte de mercancía desde el país asiático. Todos ellos sumaron más de 217 millones de euros. Eso sí, fueron los primeros y últimos que firmó. El Confidencial destapó que esta compañía catalana había sido condenada en 2015 por estafa. Los acuerdos con el Gobierno fueron efímeros, pero muy lucrativos.
La segunda es una empresa china dedicada a la venta de mascarillas. Hong Kong Travis Asia se hizo con 187 millones de euros. Así, se queda con uno de cada tres euros destinados a compañías extracomunitarias.
Le sigue Barna Import Médica, firma dedicada a la importación y venta de productos sanitarios como mascarillas, guantes y batas. En total recibió 121 millones en 225 adjudicaciones. En cuarto lugar se sitúa Abbot, con 111 millones en 103 adjudicaciones, encargada de la comercialización de test de antígenos.
Así son los contratos que se colaron en las adjudicaciones de emergencia
Esta tramitación de emergencia se puede usar, según la Ley de Contratos, “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. La principal característica que presenta es la rapidez. De hecho, la idea es poner en marcha el contrato cuanto antes y ya después redactar las condiciones.
La norma está limitada a tres supuestos muy específicos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Sin embargo, ya antes de la pandemia, estas reglas no siempre se cumplían, y lo mismo ha ocurrido durante.
Numerosas empresas se han acogido a los contratos de emergencia para fines no relacionados con la pandemia. Las campañas de publicidad institucional han sido muy comunes, así como también la promoción del turismo
La investigación llevada a cabo por Civio destapa que existen numerosos contratos que no se han usado como respuesta a la Covid-19. En este sentido, destaca que han sido habituales los contratos de campañas de publicidad institucional a través de anuncios relacionados con el uso de la mascarilla y el respeto a las normas de distancia y seguridad. Pero también se aprovechó para la promoción turística.
Este fue el caso de Cataluña, donde por ejemplo, el Consell Insular de Eivissa aprovechó para hacer promoción y atraer a viajeros. La Secretaría de Estado de Turismo, que le dedicó dos millones de euros. Algo similar ocurrió en Marbella, donde el Ayuntamiento gastó 36.000 euros en 15 pistolas táser justificando que no todos los ciudadanos aceptaban las indicaciones durante el confinamiento.
También el consistorio Madrileño de Meco usó los contratos de emergencia para contratar la gestión de la piscina municipal con la excusa de que con las prisas no habían tenido tiempo y se trataba de un asunto fundamental para el ocio de los vecinos. O la televisión pública de Murcia, que justificó que no aprobar un contrato de este tipo a dedo por tramitación de emergencia suponía un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”.
Así, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía ordinaria, ha explicado el citado medio. Y aunque la idea es que fuera así durante dos meses, se prorrogó hasta dos veces más con la idea de alargarlo durante 2021.
