Correos recibirá más ayudas públicas para ser competitivo en el sector privado

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado ha sido un balón de oxígeno para la dirección de Correos. El Ejecutivo mantiene un año más la inyección de recursos públicos en la empresa para sortear la quiebra y mantener la actividad. Toda ella. Tanto ofrecer el servicio postal universal (garantizar que cualquier carta que se envíe llegará incluso al lugar más remoto de España) como operar en el mercado privado abierto a la competencia.

Esta fue la opción elegida para compensar la caída de ingresos de un negocio caduco que está llegando a su etapa final. Especialmente en España, donde los envíos postales anuales son de unas 97 unidades por ciudadano frente a la 144 de la media europea. Han bajado en 600 millones de unidades los últimos cinco años.

Investigación de la Comisión Europea

En el ala noble de la sede de la compañía, capitaneada por Javier Cuesta, se temía que la investigación que ha abierto la Comisión Europea sobre sus cuentas ante las sospechas de que usa de forma inadecuada los recursos públicos pusieran en jaque el modelo de negocio. Bruselas recela de que las inyecciones de capital del Estado vayan a parar exclusivamente a financiar los envíos de cartas, tal y como debería ser a priori.

No en vano, el coste del servicio postal universal ha llegado a lo largo de 2014 a los 518 millones de euros. Sólo 38 millones menos de lo que el Ministerio de Fomento espera gastar en el capítulo de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda en todo 2015.

Ingresos y gastos

La partida oficial de las cuentas que ha elaborado el Ministerio de Hacienda para Correos es de 180 millones. La cantidad es claramente insuficiente, señalan fuentes del sector. Sólo con el gasto de personal, el grupo consume casi el 90% de sus ingresos, que llegarán a los 1.510 millones en 2015 (menos que lo presupuestado en el ejercicio anterior).

Lo más probable es que el Ejecutivo central repita la maniobra de este año e ingrese otros 500 millones a la mitad del ejercicio. Se expone de este modo a un nuevo aluvión de críticas del sector, que le acusa de inyectar fondos públicos de forma “arbitraria” para mantener a flote a la compañía. A todo ello se le debe sumar que ninguna de las instalaciones de Correos paga el IBI, no aplica el IVA en la mayoría de operaciones y que toda la plantilla está integrada por funcionarios, con cotizaciones que corren a cargo del Estado.

Sanciones del regulador de la competencia

Este escenario es incompatible con la libre concurrencia del sector privado y ha sido sancionado en varias ocasiones por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), quien entiende que aplica precios por debajo del coste real en las actividades privadas. Correos ha sido acusada de dumping en los servicios postales que aplica a los grandes clientes.

Hasta la fecha, ha optado por abonar las correspondientes multas, negar públicamente la sentencia y mantener la estructura del negocio sin ningún cambio. De hecho, ha reservado 47 millones este año para hacer frente a las penalizaciones del regulador por prácticas restrictivas.

Cuesta confía en una de las maniobras más antiguas de la gestión empresarial, la patada adelante, para evitar hacer frente al deterioro del negocio y la sobredimensión del grupo. Busca actividades alternativas para conseguir más ingresos, como la paquetería ligada al comercio electrónico, y capea las alertas que le llegan desde los árbitros de la competencia comunitaria. Hasta ahora, la estrategia le ha salido bien.