Correos acumula sanciones de 16 millones por prácticas anticompetencia

Con el último rapapolvo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Correos acumula más de 16,1 millones de euros en sanciones y multas de los organismos regulatorios y de la justicia por sus prácticas restrictivas en el mercado postal español. En tres ocasiones, el ente público ha visto como sus argumentos de respetar la competencia eran rebatidos. Y en cada uno de los tres se ha sustanciado la cuestión con la imposición de sanciones económicas de elevada cuantía.

La liberalización del sector postal en España (más allá del llamado servicio público universal, que tiene concedido Correos) es una asignatura pendiente. Así lo ha entendido desde la promulgación de la ley liberalizadora la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia (Asempre), que agrupa a los principales operadores privados del sector.

Primer revés en 2010

Su primera queja data de 2010, cuando en junio el Tribunal Supremo impuso a Correos una sanción de 8,1 millones de euros por abuso de posición de dominio tras las acciones iniciadas por Asempre. Antes de que el Alto Tribunal redujese el importe, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia había impuesto 15 millones de euros a la empresa. Un año más tarde, en agosto de 2011, la patronal privada inició otra reclamación en la que también fue amparada por la CNC. El ente público fue sancionado con 4,8 millones de euros por aplicar descuentos ilícitos en 32 de los 207 contratos que mantenía con grandes clientes.

Pese al silencio del Ministerio de Fomento y a la actitud pasiva del regulador del sector (la Comisión Nacional del Sector Postal), que niega la información sobre las cuentas del ente público, las empresas privadas han obtenido un nuevo éxito en su cruzada contra Correos. El pasado 22 de abril, la CNC impuso otra sanción a la empresa pública de 3,3 millones de euros por abuso de su posición de dominio en el mercado.

Abrir la red postal

Competencia le ha otorgado dos meses a Correos para que abra la red postal pública y el llamado servicio de notificaciones administrativas a los operadores privados. Hasta Bruselas ha comenzado a estudiar el caso español para evitar que el servicio postal continúe prestándose en régimen de monopolio con grandes barreras de acceso para las empresas privadas.

La compañía pública, por su parte, se limita a provisionar cada ejercicio en sus cuentas las multas que se le imponen. Agota todas las vías jurídicas a su alcance para dilatar el pago de las sanciones y posponer la resolución del problema. Fuentes gubernamentales señalan que Correos actúa como un ente al que todos los gobiernos protegen con independencia de su color político. Con la llegada del PP al poder, el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor ha asumido aún más funciones en la dirección estratégica del ente público, según los mismos medios.