La construcción se deja más de 1.000M en solo tres días de parón

El real decreto del Gobierno que endurecía el confinamiento por el coronavirus y marcaba qué profesionales podían ir a trabajar deja fuera al sector de la construcción. La decisión, muy criticada por distintas asociaciones, tiene un alto impacto económico que se puede cuantificar en solo tres días: 1045 millones de euros.

Es la cifra, a razón de 345 millones al día, que la patronal Seopan considera que le cuesta al sector estar de brazos cruzados. Calculan además que la paralización de la actividad del sector de la construcción, en lo relativo a los contratos de obras, públicos y privados, afecta a cerca de 1.770.000 trabajadores (1.268.600 directos y otros 500.000 indirectos).

El golpe de la parálisis puede agravarse, teniendo en cuenta los efectos en el tejido productivo e industria al ser el sector con mayor generación de actividad económica inducida y el que menor cuota de importaciones requiere para el desempeño de su actividad.

Quejas al Gobierno por las decisiones anti-coronavirus

Desde la patronal de la construcción critican que no se haya establecido plazo de preaviso alguno (el BOE que regulaba esta norma se publico a falta de minutos para las 12 de la noche) desde el Gobierno para advertir de qué actividades eran esenciales

«Las empresas han dispuesto, únicamente, de 24 horas de prórroga para hacer efectivo el permiso retribuido recuperable en aquellas actividades donde sea imposible realizar una interrupción inmediata de la actividad, como así ocurre en la práctica totalidad de las obras», dijeron desde Seopan. Tal plazo, según caso, «será insuficiente para poder implementar cuantas medidas de seguridad sean necesarias antes del inicio del periodo de inactividad», añadieron.

Seopan cree que la crisis de actividad puede transformarse en una crisis financiera

En Seopan tampoco ven con buenos ojos algunas medidas implantadas durante el periodo de inactividad, como son la custodia de polvorines y pozos de achique en obras de túneles, el mantenimiento de desvíos provisionales en carreteras con tráfico, el acodalamiento de pantallas y encofrados o el apuntalamiento y entibación de excavaciones y zanjas. «Requerirán una supervisión y mantenimiento», reclaman.

La última queja de la patronal va directa al giro de 180 grados del Ejecutivo sobre el endurecimiento del confinamiento. A su parecer, el Gobierno ha pasado «de una flexibilidad inicial en materia laboral, para favorecer la supervivencia empresarial, a una situación que ha limitado en el tiempo la posibilidad de los ERTE».

Se ha trasladado a las empresas «el coste de sostenimiento de las rentas de sus trabajadores en proporción directa a la duración del periodo de inactividad. Y este giro radical afectará tanto al periodo de paralización que afrontamos como al de recuperación y reprogramación que requiere la obra civil».

Las medidas adoptadas, que contrastan con la de otros países con una situación similar a la de España, conlleva un riesgo, el de «transformar la crisis de actividad en una crisis financiera», ante la posibilidad de impago de los compromisos contraídos con los bancos.