Competència también pone el foco en el Col·legi de Periodistes

Al Col·legi de Periodistas se le acumulan las causas. Después de la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos que Economía Digital dio a conocer en diciembre -se revisan las cuentas desde 2002 buscando irregularidades tributarias-, ahora la Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha abierto un expediente sancionador por “la existencia de indicios de aprobación de tarifas mínimas para el ejercicio de la actividad periodística”.

Una realidad que consideran incompatible con la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe la concentración de precios o la fijación de tarifas cuando se trata de profesiones colegiadas. La recomendación de las “tarifas mínimas orientativas” se encuentra en la página web del Col·legi. Un documento que enmarcan en un plan “para erradicar la precariedad profesional y laboral”.

La apertura del expediente sancionador no conlleva de momento a ninguna acción punitiva. La Acco dispone de 18 meses para resolver la causa. Además, el expediente incluye la Unió de Professionals de la Imatge i Fotografia de Catalunya (Upfic-Sindicat de la Imatge), que comparten sede y la mayoría de actividades con el Col·legi.

Silencio del Col·legi

Una vez más, desde la institución catalana han impuesto silencio ante una investigación. Los profesionales de Expansión, que han avanzado la información, aseguran que después de conocer el hecho, no lograron obtener la versión oficial del Col·legi.

Cabe recordar que el decano, Josep María Martí, también se negó a principios de enero a comentar con esta publicación las irregularidades económicas que busca la Fiscalía de Barcelona.