Competencia señala a las energéticas por cambios no consentidos

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha publicado el Informe sobre la supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de comercializador y ha llegado a la conclusión de que siguen registrándose casos en los que empresas de electricidad y gas no pueden acreditar el consentimiento de algunos clientes al cambio de compañía. Competencia considera, además, que estos cambios injustificados llevaron a 59 beneficiarios del bono social a perder este derecho, dirigido a consumidores vulnerables,  a percibirlo a raíz del cambio. Se trata de una práctica perseguida por el regulador, que en dos años (2017-2018) ya ha tramitado 287 expedientes informativos derivados de denuncias de consumidores por cambios de comercializador sin consentimiento.

El organismo presidido por José María Marín Quemada es responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa y de los procedimientos que se establecen en los procesos de cambio de comercializador, por lo que debe verificar que los consumidores han dado realmente consentimiento al cambio de comercializador en los sectores de electricidad y del gas natural.

Para la elaboración de este informe, la CNMC seleccionó un periodo de estudio que abarca desde julio 2017 a junio 2018, periodo en el que  se llevaron a cabo 2,83 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico y otros 740.000 mil en el sector gasista.

A continuación, a partir de varias muestras estadísticas, solicitó la documentación para acreditar el consentimiento al cambio por parte del consumidor. En total, se requirió a las diversas compañías que acreditasen el consentimiento de los clientes en 4.020 cambios realizados.

La CNMC requirió a las compañías de luz y gas que acreditasen el consentimiento de los clientes en 4.020 cambios realizados

El análisis posterior se llevó a cabo en dos fases: en una primera fase, partiendo de todos los cambios de comercializador que tuvieron lugar en el periodo de estudio, se trabajó sobre una muestra de 1.560 cambios en el sector eléctrico y 1.610 en el sector gasista. Así, en el sector eléctrico, en un 3,9% de los casos existieron dudas sobre la acreditación, mientras que en el sector gasista el porcentaje se elevó a un 6,6% de los casos.

Contrataciones sin consentimiento o engaño

En la segunda fase, el análisis se centró en los casos que registraron cambios atípicos y con contrataciones sin consentimiento o con engaño. En estos casos, se obtuvieron cambios no acreditados superiores a los de la primera fase, medidos sobre una muestra total de 800 contrataciones.

Así, en el sector eléctrico, el 0,7% de los cambios no fueron acreditados. La tasa de cambios dudosos fue muy superior, con el 37%, siendo muy significativos los casos detectados en usuarios con derecho a bono social y que perdieron esta prestación al cambiar de compañía (59 casos).

Por su parte, en el sector gasista, en el 1,5% de los cambios de compañía no se acreditó el consentimiento, mientras que la tasa de cambios dudosos fue del 3,5%.

Consecuencias: consumidores que pierden el Bono Social

Como consecuencia del análisis realizado para elaborar el informe, se detectaron 59 casos de consumidores que perdieron el Bono Social (la tarifa de luz social para consumidores vulnerables) a raíz de un cambio de comercializador. Cabe decir que en meses posteriores lo recuperaron.

Entre 2017 y 2018 se han tramitado 287 expedientes informativos derivados de denuncias de consumidores por cambios de comercializador sin consentimiento

En la documentación aportada no se estaría cumpliendo con las obligaciones de información a consumidores vulnerables dispuestas en la ley (artículo 5.5 del RD 897/2017), por lo que el regulador está llevando a cabo las actuaciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias, en relación a las distintas casuísticas identificadas en los puntos anteriores.

Competencia finaliza su comunicado explicando que durante los años 2017 y 2018 se han tramitado 130 y 157 expedientes informativos, respectivamente, derivados de denuncias de consumidores por cambios de comercializador sin consentimiento.