Competencia mira a Bruselas para meter en cintura a los lobbies españoles

La actividad de los lobbies o grupos de presión sobre las instituciones es un hecho contrastado. Empresas, asociaciones, patronales u ONGs, entre otras muchas entidades, despachan con los poderes públicos para tratar de influir sobre sus decisiones. Una práctica, sin embargo, que en la mayoría de los casos resulta desconocida para la ciudadanía.

La falta de transparencia en este tipo de relaciones es especialmente grave  en países como España, con una cultura política y empresarial menos acostumbrada a rendir cuentas ante la sociedad civil. Sobre todo si se compara con los estados del centro y el norte de Europa, con leyes mucho más desarrolladas en este ámbito.

Un registro pionero

La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) acaba de poner en marcha un registro público en el que, de manera voluntaria, podrán inscribirse los «grupos de interés» –así son calificados por el regulador—que lo deseen. Se trata de una medida pionera entre las instituciones españolas, reticentes hasta ahora a instaurar mecanismos de control que desde hace años funcionan en Washington o Bruselas.

Desde la CNMC explican que su relación con los lobbies se ajusta al derecho que estos tienen a «defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta». Aunque aclaran la necesidad de poner luz y taquígrafos sobre dichos vínculos, para que sean de común conocimiento y se ajusten a unas normas éticas que impidan los conflictos de intereses.

Regularizar su actividad

El objetivo, según explican fuentes de la institución presidida por José María Martín Quemada, es «hacer normal lo que ya lo es». Esto es, regularizar el ejercicio profesional de una actividad muy delicada, y en la que entran en juego tantos intereses que, sin el establecimiento de un marco claro, pueden surgir incompatibilidades.

Referente en Bruselas

En este sentido, el registro de lobbies de la Comisión Europea es la referencia para la CNMC. Por la capital belga se mueven como pez en el agua representantes de multinacionales y otras organizaciones, con el objetivo de influir sobre las leyes comunitarias, tan decisivas en los sectores económicos más regulados del continente.

Una realidad que llevó a una mayoría de eurodiputados a impulsar en 2011 el Transparency Register. Este registro común, aplicable al Parlamento europeo y a los miembros de la Comisión, podría en pocos meses ir más allá, después de que Bruselas abriese la semana pasada una consulta pública con el fin de convertir en obligatorio la adhesión de los grupos de presión a este registro.

Profundizar en la transparencia

La intención de la CNMC pasa también por profundizar, en «el largo plazo», sobre la transparencia de esta actividad. «Hemos hecho lo que la legislación nos permite», apuntan. Aunque al mismo tiempo advierten de la necesidad de que exista un mayor interés desde medios de comunicación y sociedad civil por incidir en la transparencia de los organismos públicos.

«Puentes» entre sociedad e instituciones

La creación de este registro ha sido bien acogida desde el sector de los lobbies. «Nos alegramos de este cambio y de que se abra el debate», asegura Andrea Bota, de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).