Desesperación empresarial: las inversiones en el coche eléctrico dependen de cuatro ministerios
La automoción gestiona con Industria, Transportes, Asuntos Económicos y Transición Energética los proyectos para impulsar la movilidad eléctrica, lo que puede “dilatar procesos”
Imagen de archivo de la carga de un coche eléctrico. / EFE
La automoción tradicional tiene fecha de caducidad y vive a contrarreloj para transformar tanto la industria como el mercado en la próxima década. En este contexto, las empresas necesitan ir de la mano con las administraciones públicas si quieren electrificar las fábricas, impulsar la compra de coches eléctricos y desarrollar una infraestructura de carga que los acompañe. Si ya es una ardua tarea, el sector debe de maniobrar con hasta cuatro ministerios para tirar adelante sus inversiones y recibir ayudas.
Las carteras en cuestión son Industria; Transportes y Movilidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico y Asuntos Económicos, con más o menos peso. Este baile de competencias genera cierta confusión a las automovilísticas, según trasladan fuentes del sector, sobre todo cuando se habla de la infraestructura de carga.
El Ministerio que tiene más potestad en los primeros pasos de la cadena es el de Reyes Maroto. En sus manos está los millones prometidos en subvenciones y prestamos al cero por ciento para transformar la industria como tal y pasar a fabricar coches eléctricos en España. Tras el fisco del primer Perte, que asignó apenas el 30% del presupuesto, parece ser que las negociaciones están encarriladas. La ministra confirmó que mantiene conversaciones con Bruselas para ampliar los plazos y que las inversiones puedan finalizar en 2028, la fecha reclamada por Anfac y que permitiría agrupar a todo el sector.
Sin embargo, el siguiente paso, impulsar un parque eléctrico, depende de Transición Energética. Las ayudas públicas para subvencionar la compra de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga tanto a particulares como a empresas dependen del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo perteneciente al ministerio de Teresa Ribera. El IDAE gestiona los 400 millones de euros del Moves III y se ha encargado de las antiguas convocatorias.
Sea el Moves o el Perte, todos estos recursos provienen de los fondos Next Generación de la Unión Europea. La última palabra en su reparto y gestión está en manos de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
A la espera de la ley de movilidad
La reforma del mercado y de la industria no tienen sentido sin una buena infraestructura de recarga y una movilidad sostenible que la acompañe. Aquí entra en juego Raquel Sánchez y su ley de movilidad, actualmente en fase de anteproyecto, que incluye una disposición donde expone que el Gobierno publicará información sobre la localización de las estaciones de acceso público para el repostaje de combustibles para vehículos, incluido el hidrógeno, y los puntos de recarga eléctrica, así como las características del servicio que prestan.
Por otro lado, el Ministerio está trabajado en flexibilizar la burocracia para poder instalar electrolineras en la red estatal de carreteras, según avanzó ElEconomista. Movilidad también promovió un decreto donde se fija la dotación mínima de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en edificios nuevos y las intervenciones en edificios existentes de determinada entidad.
Industria también influye en los puntos de carga
Eso sí, en la localización de los puntos en establecimientos no residenciales y fuera de la vía pública también tiene voz el ministerio de Industria. La subcomisión parlamentaria para el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público en aparcamientos no residenciales privados está integrada en el ministerio de Maroto. Su objetivo es instalar un punto de carga por cada 40 plazas en todos los parkings de este tipo que tengan más de 20 plazas.
A todo esto, cabría la posibilidad de incluir un quinto Ministerio. De aceptar las reclamaciones del sector e impulsar una reforma fiscal para incentivar la compra de coches eléctricos, entraría en juego Hacienda. En cierta forma ya está involucrado, dado que impuestos como el de matriculación se pagan en función de los gases emitidos por el vehículo. A corto plazo, no se prevén nuevas ayudas, dado que María Jesús Montero no se ha pronunciado al respecto, aunque ha sido apelada directamente por altos cargos de la automoción.
Fuentes del sector lamentan que este baile de trámites solo hace que “dilatar los procesos” en el tiempo, cuando toda la industria trabaja con la presión de cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2. “Hablamos de simplificar, pedimos una ventana única, una voz a quien dirigirnos directamente”.
