Coca-Cola concentrará el ERE en Madrid, Cataluña y Andalucía
La filial española trata de homologar su estructura comercial a la del resto de Europa, pero los sindicatos alertan que las causas esgrimidas no son legales
Aparcados durante buena parte de 2020 por la figura de los ERTE, la llegada del nuevo año vino de la mano de varios expedientes de regulación de empleo (ERE). Una habitual de los últimos ejercicios a la hora de acometer ajustes laborales es Coca-Cola que desde 2014 dio de baja a 1.900 personas de su plantilla. Ahora tiene en marcha un nuevo recorte que pretende aplicar sobre 360 personas, la mayor parte en Madrid, Cataluña y Andalucía.
Según un informe elaborado por PwC a petición de la organización, los despidos ofrecerán nuevas sinergias y ventajas competitivas para Coca-Cola European Partners (CCEP) en España respecto a la competencia. Los sindicatos respondieron con otro estudio encargado a la consultora Syndex –la misma a la que recurrió la plantilla de Nissan en Barcelona– para desmontar las tesis de la organización.
La multinacional presidida por Sol Daurella quiere concentrar el plan entre el departamento comercial de Andalucía y los servicios centrales que la firma tiene en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y Madrid. Según la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital, la mayor parte de las salidas deberían producirse entre los distintos centros de la compañía en Andalucía; afectando especialmente a vendedores. La cifra de bajas en la región alcanzaría las 86 personas.
El ajuste se antoja diferente en Madrid y Cataluña. En la capital, el recorte se dividirá entre los inmuebles de Ribera del Loira y San Fernando de Henares. Afectará a trabajadores de la antigua Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas SL. El ajuste se repartirá entre vendedores, personal del call center, administrativos y técnicos. El número de bajas que pretende dar la empresa es de 81.
En Cataluña, los despidos se concentrarán en Esplugues de Llobregat; desde gestores de clientes hasta personal encargado de la gestión de los pedidos.
Sin embargo, las cifras finales podrían cambiar con el devenir de las negociaciones, que deberían terminar el próximo 16 de marzo. Por el momento, fuentes sindicales explican que se detectó la manera de salvar más de 100 puestos y pidieron que se abriera la puerta a un mayor número de recolocaciones dentro de la compañía. Las conversaciones con la empresa no están siendo fáciles, por lo que ya hay convocadas varias protestas a lo largo de la próxima semana.
Las críticas se sustentan en el informe de Syndex que solicitó USO y al que se adhirieron ya el resto de formaciones sindicales. La consultora francesa asegura que el ERE no puede justificarse ni por causas técnicas ni por causas productivas, solamente por razones organizativas al tratarse realmente de una externalización de servicios en el modelo de venta road to market.
Aquí, la firma pone en duda incluso que CCEP pueda justificar el ajuste laboral por motivos organizativos debido a que la empresa debería acreditar «dificultades, problemas de gestión o de eficiencia». La asesora sostiene, citando al Tribunal Supremo, que la externalización solo es correcta «si se demuestra que la utilización de una contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad […] y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial».
Coca-Cola insiste en que el nuevo ERE no está vinculado con el coronavirus
Según defendió la empresa en su momento, los despidos no tienen nada que ver con el coronavirus. Cuando se fusionaron las siete embotelladoras que existían en la Península Ibérica se optó por externalizar parte del departamento de ventas a distribuidoras generalistas y quedarse solamente con los trabajadores especializados.
“Es lo que se llama el road to market. Al fusionarse siete sociedades distintas, con siete convenios colectivos diferentes, las salidas se han abordado con distintos tempos”, explican fuentes sindicales a Economía Digital.
Coca-Cola: las salidas se suceden desde 2014
El plan de ajuste se presentó apenas unos meses después de que Coca-Cola anunciase el cierre de la fábrica de Málaga, que todavía agrupaba a 78 trabajadores. Había llegado a contar con más de 140, pero adelgazó su estructura hasta que la multinacional presentó un ERE que se saldó con prejubilaciones, salidas y algunas recolocaciones rumbo al centro de Sevilla.
Antes, la organización había presentado diferentes planes de bajas incentivadas, prejubilaciones y pequeños ERES por todo el territorio español, especialmente en los departamentos de administración y ventas. Las fusiones, primero en España y luego a nivel europeo, hicieron saltar duplicidades y formas de ahorrar costes que, con la estructura anterior, formada por siete concesionarias repartidas por la península no existían.
Pero la principal escabechina en Coca-Cola se produjo en 2014, con el cierre de la fábrica en Fuenlabrada y otras tres en Palma de Mallorca, Alicante y Asturias. Tras un largo conflicto legal entre empresa y trabajadores, el procedimiento se cerró con más de 800 personas afectadas, que representan buena parte del pastel de bajas vividas desde entonces.