Cobega-Damm y Vichy Catalán juegan sus últimas bazas para desempatar en la lucha por Cacaolat
Las ofertas catalanas para adquirir la histórica marca de batidos presentan proyectos industriales muy similares por lo que los movimientos de última hora decantarán la decisión final del juez
La compra de Cacaolat tiene varios matices complementarios al puro negocio empresarial. Detrás de las dos ofertas catalanas que aún quedan en pie para controlar la marca de batidos están algunas de las sagas empresariales más poderosas de Catalunya. Ahora, en su pugna por Cacaolat, juegan sus últimas bazas tras presentar proyectos industriales muy similares.
En la carrera final, con el permiso de Central Lechera Asturiana, se encuentran por un lado el clan de los Daurella, pioneros a mediados del siglo XX, que introdujeron Coca-Cola en España mediante Cobega. Sol Daurella, la matriarca del grupo, posee una de las mayores fortunas del país.
A pesar de su fortaleza económica, Cobega ha buscado un socio industrial para garantizar la solvencia técnica de su oferta por Cacaolat. La familia Carceller, fundadora de Damm, son sus acompañantes. La suma de sus recursos y el arraigo al territorio es un valor que también quieren jugar en favor de Cacaolat.
En el otro lado del ring empresarial, se han situado las familias fundadoras de Vichy Catalán. Los Renart han permanecido tradicionalmente en la alta dirección de la empresa fundada hace más de 130 años. Detrás de Vichy estuvieron también los Batlló (propietarios de Casa Batlló) y los Milà (construyeron La Pedrera). Los fundadores de Cacaolat, la familia Viader, apoyan a Vichy Catalán.
Todos ellos juegan este miércoles sus últimas cartas ante el juez. El viernes se espera, si no hay contratiempos, que el titular del Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona decida qué candidatura se quedará con Cacaolat. Deberá optar entre una de las opciones catalanas y la de Central Lechera Asturiana, acreedora de Clesa, la antigua propietaria de Cacaolat.
Distribución: clave para Vichy
Vichy Catalán presenta este miércoles su oferta mejorada. Economía Digital ha podido saber que su apuesta es ampliar mercado para Cacaolat. La clave para Joan Renart es la sinergia con sus actuales empresas y el primer paso será distribuir el nuevo producto en toda España.
Los Ruiz-Mateos, ex dueños de Clesa, redujeron la presencia de Cacaolat a Catalunya y Galicia, con el consecuente impacto económico. Además, si Vichy se hiciera cargo de la empresa catalana suspenderá los expedientes de regulación que afectan a la actual plantilla.
Para demostrar su compromiso personal con el proyecto, Renart será el administrador de la sociedad que gestionará la marca de batidos dentro del grupo Vichy. También garantiza la independencia empresarial de Cacaolat. “Las empresas que hemos adquirido han continuado cada una por su cuenta, aprovechando, eso sí, la suma de fuerzas y las sinergias”, ha explicado.
Por otro lado, en su proyecto destaca la construcción de una nueva planta de producción a 25 kilómetros de las instalaciones de Cacaolat en Barcelona. Invertirá 60 millones y necesitará 18 meses para tener listas las nuevas instalaciones.
Producción: la apuesta de Cobega
Este es, precisamente, el handicap de Vichy, es decir el tiempo para concluir las nuevas instalaciones. Sin embargo, Cobega-Damm tendría adaptada la nueva planta de producción de batidos en la antigua fábrica de Damm (a 10 kilómetros del actual Cacaolat) en menos de año y medio. Los Daurella y los Carceller prevén invertir también 60 millones en la obra.
Instalarán tres cadenas de producción que trabajarán a doble turno durante cinco días a la semana. Producirán 5,5 millones de litros de batido al año. Esta capacidad crecerá a medida que el proyecto avance. Como la de Vichy, la fábrica de Damm-Cobega contará con una superficie construida de 51.000 metros cuadrados.
El consorcio formado por los Daurella y por los Carceller quiere que la dirección general de la nueva Cacaolat esté en la misma planta y prevé habilitar 500 metros cuadrados para despachos. El proyecto industrial destaca también la instalación de una planta de tratamiento de vertidos. Han comunicado al juez que prevén beneficios sociales, como la reactivación de la actividad industrial de Santa Coloma de Gramenet generando más empleos directos e indirectos.