Citroën provisiona 67 millones para hacer frente a sus deudas con Hacienda
El fisco reclama a la firma automovilística 180 millones por el impuesto de sociedades entre 2001 y 2005, los intereses de demora y dos sanciones
La dirección de PSA Peugeot Citroën no sólo está pendiente de reforzar la competitividad de su principal centro productivo español, la fábrica de Vigo, a golpe de recorte salarial a la plantilla. La otra batalla que libra el grupo francés en España se dirime en los tribunales y tiene como contrincante a Hacienda. La Agencia Tributaria reclama algo más de 180 millones a Peugeot Citroën Automóviles España, que controla la madrileña planta de Villaverde además del centro vigués, como resultado de la inspección fiscal de los ejercicios comprendidos entre 2001 y 2005.
De esta cantidad, 157,8 millones se corresponden con la cuantía adeudada por el impuesto de sociedades, en la que se incluyen también 36,9 millones por intereses de demora. Pero a mayores, Hacienda impuso dos sanciones a PSA Citroën por un valor total de 22,4 millones, una por el período 2001-2002 y otra por el período 2003-2005.
El grupo francés PSA (la matriz), que ahora pasa las tijeras por su fábrica de Vigo, se comprometió a hacer frente a los pagos derivados de la reclamación de Hacienda. Pese a ello, la filial española no se ha librado de provisionar año tras año, desde 2009, cuantías millonarias para afrontar los intereses de demora. Al cierre del último ejercicio, la provisión ascendía ya a 67,3 millones.
La fallida conexión argentina
El interés de la dirección francesa por blindar a su sociedad española en el litigio, a excepción de los intereses de demora, no procede únicamente del afán protector del Grupo PSA. Y es que el grueso de las actas de disconformidad tienen como origen una operación societaria en la que la filial radicada en Vigo adquirió, precisamente en 2001, el Grupo Peugeot Citroën Argentina, con domicilio en Buenos Aires.
De la compra del negocio argentino, totalmente controlado por la sociedad española, deriva el grueso de la reclamación fiscal de Hacienda, que obligó incluso a hipotecar la planta de Madrid como garantía de pago. Según consta en la memoria anual de la compañía, 153,2 millones de los 180 por la Agencia Tributaria, tienen su origen en “la valoración de la operación de adquisición” de la filial argentina, así como de “las inversiones posteriores” en la sociedad realizadas “a través de sociedades del Grupo PSA”.
Optimismo moderado
El asunto está ya en la Audiencia Nacional, donde la compañía ha presentado un recurso contencioso administrativo todavía pendiente de resolución. Anteriormente, PSA Citroen recurrió ante el TEAC sin obtener beneficio alguno. Las actas de disconformidad levantadas por Hacienda coincidieron en el tiempo con las que salpicaron a Peugeot, Daimler, Ford o Nissan, aunque el grupo francés se llevó la palma.
En PSA Citroën se muestran moderadamente optimistas con el proceso, pero sin arriesgar. Se limitan a asegurar que “existen argumentos de peso, tanto de fondo como de forma, para defender los intereses de la sociedad con suficientes posibilidades de éxito, aun considerando la incertidumbre propia de estos litigios”.
